jueves, 22 de agosto de 2013

ESTATIZACIONES Y DERROTAS JUDICIALES

Estatizaciones, y derrotas judiciales: un relato en crisis marcan el final del ciclo.
 
José M. García Rozado
Cristina se enfrasca en la campaña electoral, pretendiendo revertir lo que se perfila como “una derrota histórica” el 27 de octubre, en su desesperado intento hecha mano a medidas ampulosas y que por lo general le terminan provocando nuevas y más estrepitosas derrotas. Así inició la guerra con el campo y terminó con la derrota de la votación de la Resolución 125 en 2008 prolegómeno de la derrota de junio de 2009. Ahora y tras el traspié de las primarias, CFK se lanza a la “batalla” con un relato en crisis, una economía muy mal manejada y graves problemas sociales y políticos, que denotan falta de  liderazgo y conducción.

¡Acaba de iniciarse el “fin del ciclo cristikirchnerista”! Ante tamaña noticia Cristina pretende revertir el Waterloo de las primarias con medidas exitistas y de pura propaganda, que pueden terminar en graves problemas económicos –hoy impensados si se encaran algunas simples correcciones-, políticos y sociales. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, anunciaría mañana la estatización de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur. Le quitarían así la operación a las empresas Emepa y Grupo Roggio. Estas tres líneas son operadas actualmente por la empresa conformada por Metrovías y Ferrovías, pertenecientes al Grupo Roggio y al Grupo Emepa (Gabriel Romero), respectivamente. De todos modos, es el Estado el que se hace cargo de los salarios de UGOFE. Según  se pudo saber, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunciaría que a partir de ahora las líneas estatizadas serán manejadas por dos sociedades del Estado. Por un lado, se transferirá a Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) todo lo relacionado a la infraestructura, mantenimiento de estaciones, vías y la puesta en marcha de nuevas obras. Actualmente, ADIF está dirigida por el ex interventor de la CNRT, Ariel Franetovich, un funcionario de extrema confianza de Randazzo. Por otro lado, la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) tendrá a su cargo la prestación del servicio de las líneas San Martín, Belgrano Sur y Roca. SOFSE está dirigida por Alejandro Croucher y actualmente opera el reestatizado Tren de la Costa y otras líneas en el interior del país.
¡Reestatizamos las líneas ferroviarias luego de enriquecer inmerecidamente a grupos de poder económico financiero y parte de la vieja “Patria contratista”! ADIF y SOFSE fueron creadas por el Gobierno en 2008 con el objetivo de reorganizar el sistema ferroviario en base al modelo español, en donde el Estado a través de estas entidades maneja las redes ferroviarias. Sin embargo, aquí nunca le fueron otorgadas esas facultades y recién a partir del traspaso de Transporte a la órbita de Randazzo comenzaron a tener influencia en el sistema. El ministro tendrá una influencia muy directa en el nuevo esquema. La medida que se anunciaría mañana deja afuera a las líneas Belgrano Norte y Urquiza. La primera es manejada por el Grupo Emepa y la segunda por Roggio, los mismos actores que tienen a su cargo la UGOFE. Asimismo, tampoco incluye a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS). Manejada también por Metrovías y Ferrovías, UGOMS es la empresa que opera las líneas más cuestionadas. Como en el caso de UGOFE, el Estado también se hace cargo de los sueldos y tiene incidencia directa en la prestación del servicio. Las fuentes que adelantaron a LPO la primicia de la estatización de las tres líneas, no descartan que a futuro pueda suceder lo mismo con la UGOMS, ya que el Sarmiento y el Mitre son parte de un plan de Randazzo para el sector, que seguramente se vio acelerado por las urgencias del kirchnerismo tras la derrota en las primarias y la necesidad de realizar un anuncio de campaña fuerte. La estatización del San Martín, Belgrano Sur y Roca es una medida que los cuatro gremios del sector venían reclamando desde hace tiempo. La Federación Ferroviaria Argentina (La Fraternidad, Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA) ya está en conocimiento del tema y apoyará el anuncio, según pudo saber este medio.
Ahora Cristina entrega el mando del gobierno a los “jóvenes brillantes de La Cámpora”, quienes tomando el timón del país encaran un viejo anhelo de Recalde y Kicillof. Hoy al conocerse la noticia del desalojo exigido del hangar arrendado por la empresa, quien lleva invertidos en este US$ 5 millones y con contrato de arrendamiento hasta 2018, fue notificada este miércoles 21/08, de que la empresa LAN –un viejo competidor de Recalde y Kicillof desde el 2005-, deberá entregar las instalaciones en un plazo de 10 días; desalojada por La Cámpora, advirtió que dejaría de volar en el país y que por esta situación el Presidente de Chile Sebastián Piñera ordenó a su Canciller intervenir. Quien emitió un comunicado al respecto fue APTA (Asociación de Personal Técnico Aeronáutico) que afirmó este miércoles 21/08 que afirmó que la aviación argentina “vive un estado de alerta”. Además explicó “que el Gobierno nacional es el responsable si se cierra la fuente laboral o se despiden trabajadores”. Quien emitió un comunicado al respecto fue APTA (Asociación de Personal Técnico Aeronáutico) que afirmó este miércoles 21/08 que afirmó que la aviación argentina “vive un estado de alerta”. Además explicó “que el Gobierno nacional es el responsable si se cierra la fuente laboral o se despiden trabajadores”. En el comunicado, describen que “LAN ARGENTINA empezó a operar en el país en el 2005, por decisión exclusiva del ex presidente, Nestor Kirchner”. Desde APTA aclaran “No es la misión ni la intención de nuestros sindicatos ser lobistas ni voceros de ninguna empresa como tampoco del gobierno nacional, en particular del viceministro de economía Dr. Axel Kicillof y del Presidente del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) Dr. Gustavo Lipovich. Sobre todo ellos, como funcionarios públicos, son los que deben dar las explicaciones debidas a los argentinos que pagan sus sueldos, respecto de lo que están haciendo en Aeroparque. Lo cual amenaza la continuidad de una decena de empresas aéreas pequeñas y medianas de capital nacional, al decidir desalojarlos de sus hangares sin otro aeropuerto que los pueda recibir en iguales condiciones. Una amenaza que también es ahora realidad para LAN ARGENTINA”.
APTA, además afirma que en sus ocho años trabajando en el país LAN creció de un 15% del mercado de cabotaje a un 30%; cubriendo además un 18% de nuestros vuelos internacionales. Emplea 382 Técnicos y Despachantes Aeronáuticos, 485 Tripulantes de Cabina (que cobran sueldos y tienen convenios similares a los de Aerolíneas Argentinas y Austral), que sumados al resto son 3000 empleados argentinos en total. Y agrega “No recibe ni le pide un centavo en subsidios al tesoro nacional, o a los bolsillos de los 40 millones de argentinos”. APTA no solamente considera nociva y  perjudicial la medida del Gobierno nacional, sino que también denuncia que “Desde el 2010, es objeto de una persecución sistemática por parte de distintos organismos y empresas del Estado nacional, para dificultar y deteriorar sus servicios como encarecer sus costos. Ellos son la ANAC (Administración de Aviación Civil), Intercargo y el ORSNA, controlados por miembros de la agrupación partidaria al servicio del gobierno, llamada La Cámpora”  Entre los acosos a la empresa cuentan que “Se le ha impedido incorporar aviones ya matriculados, para el mercado doméstico e internacional, imposibilitando el aumento de trabajadores; se le prohibió efectuar vuelos regionales desde Aeroparque luego de estar operándolos durante un año; se le redujo enormemente el uso de mangas de embarque/desembarque en todo el país, y se le demoran a veces por horas la colocación de escaleras de desembarque; se le modificó unilateralmente antes del vencimiento del contrato, el costo del servicio de rampa (mangas, limpieza de aviones, transporte de pasajeros en buses, etc.), duplicando el pago en dólares por avión; abruptamente se le quitaron los mostradores de Check In en el hall central de Aeroparque, y fue forzada a mudarse a otro sector más alejado y reducido en plena temporada alta”.
APTA, además, sentencia “Si al gobierno argentino le molesta la competencia con Aerolíneas Argentinas y Austral de LAN ARGENTINA, debe rivalizar lealmente con ella en costos, precios y servicio. Mediante un gerenciamiento idóneo a todo nivel; transparencia en sus cuentas corporativas presentando regularmente sus balances; abstenerse de ser una agencia de empleo partidario; e, invirtiendo lo correcto y necesario tanto en la flota como en mantenimiento y reparación aeronáutica. Eso en verdad beneficiaría a las aéreas estatales, sus usuarios, trabajadores y los argentinos que las solventan. No compitiendo, deslealmente, usando el aparato del Estado para achicar o eliminar a LAN ARGENTINA, y así ocultar las múltiples deficiencias e ineficiencias de nuestra Línea Área de Bandera y Austral, perjudicando con ese accionar, a la totalidad de los usuarios aéreos, trabajadores aeronáuticos y los contribuyentes argentinos. El peligro tan temido de la expulsión de LAN ARGENTINA de Aeroparque, hoy es una angustiante realidad para todos sus trabajadores como para nuestras organizaciones gremiales”. Frente a esta situación que podría generar rispideces con el Gobierno chileno y frente a la posibilidad de despidos de empleados, “APTA (Asociación Personal Técnico Aeronáutico) Y ATCPEA (Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales)  se declaran en alerta y movilización permanente. Considerando un ataque directo a los puestos de trabajo de los técnicos aeronáuticos y tripulantes de cabina de toda la Argentina y al desarrollo de la industria aerocomercial nacional no dudando en obrar con el máximo rigor”.
Es tal el desmanejo y el desconcierto  que trasuntan todas y cada una de las decisiones –arbitrarias por lo general, y en muchos casos ilegales abiertamente-, que las mismas terminan en rotundos fracasos que termina pagando el pueblo argentino. Ejemplo de esto es que la justicia de Nueva York desestimó una denuncia de la argentina/china Bridas, que demandó a la petrolera española por interferir en su sociedad con la compañía reestatizada. El tribunal además rechazó que sólo la justicia argentina sea reconocida para actuar en el litigio entre Repsol y el Estado Nacional. La española Repsol se anotó una 1ra victoria judicial en el marco de la guerra que mantiene con el gobierno argentino tras la expropiación de su mayoría accionaria en YPF. Un tribunal de Nueva York desestimó una denuncia de la petrolera Bridas, de capitales argentinos y chinos, y reconoció la legitimidad de la justicia de España para intervenir en el litigio por la titularidad de YPF. La denuncia la había presentado el grupo de los hermanos Bulgheroni y la china CNOOC luego de que Repsol intentara frenar vía judicial una asociación con YPF en un emprendimiento. Se trata de una inversión de US$1.500 millones en la formación Vaca Muerta que ambas empresas informaron a la Bolsa de Comercio porteña en diciembre de 2012. Repsol también demandó a Chevron, quien ya firmó un contrato con YPF para buscar petróleo y gas en la misma formación, en la provincia de Neuquén. Bridas también solicitó que sólo los tribunales argentinos intervinieran en el litigio sobre la titularidad de la compañía expropiada. Según se informó, el fallo de la jueza Shirley Werner Kornreich, de la Corte de Nueva York, desestima íntegramente las pretensiones de Bridas al considerar que son “muy vagas, resultan ambiguas y mezclan muchas cuestiones legales”.
Respecto a la pretensión de que se declare a los tribunales argentinos como los únicos para decidir sobre quiénes son los legítimos titulares de YPF, la magistrada dictaminó que Bridas “no es quién para emitir órdenes a otros tribunales de otras jurisdicciones o instruirles en lo que pueden o no pueden hacer”. Además, la resolución judicial rechaza la petición de condenar a Repsol por haber interferido en las relaciones de negocio de Bridas con YPF, al entender que la conducta de la petrolera española “en modo alguno puede considerarse una interferencia torticera” en las relaciones de la empresa de los Bulgheroni. El tribunal precisa que calificar la conducta de Repsol como “espuria o frívola equivaldría a considerar la demanda de competencia desleal como ficticia o sin base, cuestión que escapa de su competencia”. La demanda de Bridas se rechaza “con perjuicio”, lo que implica que Bridas no puede volver a demandar a Repsol en USA por estos motivos, ni modificar la demanda y presentarla otra vez en el país norteamericano. Bridas interpuso su demanda en Nueva York en enero pasado, días después de recibir una carta en la que Repsol le advertía de que emprendería acciones legales contra ella “si no cesaba inmediatamente” sus negociaciones o acuerdos sobre los activos estratégicos de YPF. Como se puede apreciar, las decisiones argentinas –tanto del gobierno como de las empresas apañadas por éste- suelen ser rechazadas por los ámbitos judiciales extranjeros, sean estadounidenses como europeos, pues las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Cristina no suelen ser todo lo legales que ellos creen que son, o por el contrario al ser decisiones arbitrarias en la enorme mayorías de los casos, suelen ser penadas por los tribunales extranjeros, y pagadas por nuestro pueblo.
Asimismo, en muestro propio país la Corte Suprema de la Nación dejó firme este miércoles (21/08) una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural en contra del decreto de Cristina Fernández que ordenaba la estatización del predio ferial de Palermo. De esta manera, el grupo empresario continuará a cargo de la explotación del lugar hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Por cinco votos contra dos, el máximo tribunal rechazó por extemporánea una presentación del Gobierno cristikirchnerista, y ratificó la resolución de la Cámara en lo Civil y Comercial que había frenado los efectos del decreto de estatización del predio de Palermo. Los ministros Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni votaron en contra de la decisión de la mayoría de los miembros del tribunal, que avalaron suspender los efectos del decreto 2552/12. A fines del año pasado, Cristina Fernández  en una medida totalmente exabrupta declaró nulo el decreto de 1991 por el cual se vendió el predio en US$30 millones, "menos de la mitad del valuado por el Tribunal de Tasación", según declaró el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Recordemos que la Sociedad Rural está en conflicto permanente con el Gobierno Nacional desde el enfrentamiento desatado a raíz de la fallida Resolución 125. La Corte Suprema de Justicia se pronunció este miércoles 21 de agosto en contra de varios puntos de las leyes que fueron sancionadas en el Congreso de la Nación y a la cual el oficialismo denominó la “democratización de la justicia”. Lo hizo mediante tres acordadas consecutivas. Lo hizo con respecto a la ley 26.861, la norma 26.857 y la ley 26.856. Todas corresponden al paquete de leyes de iniciativa del Ejecutivo sancionadas por el Congreso de la Nación y que el oficialismo denominó la "democratización de la justicia". Con respecto a la ley 26.861, referida al concurso público para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, el máximo tribunal consideró que régimen legal "no resulta aplicable en el ámbito de esta Corte" e invocó el artículo 113 de la Constitución Nacional.
De esta manera  la Corte Suprema "como autoridad de aplicación" de la Ley 26.861 "sancionará la reglamentación del procedimiento de concursos previstos para el ingreso al Poder Judicial". Entre las iniciativas que propone el máximo tribunal es la creación de una comisión de interpoderes para colaborar en la instrumentación de la selección de personal, para la cual llamó a sectores "pertenecientes al empleo y la función pública del Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación y el Ministerio Público". Otra de las normas que cuestionó la Corte fue la norma 26.857, que sancionó el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. Al respecto, el tribunal declaró la "inaplicabilidad" del artículo 6, que depositó en la Oficina Anticorrupción la aplicación de la norma, y estableció que será la Secretaría General y Administración de la Corte la responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de ese cuerpo. Otra ley cuestionada es la 26.856  que dispuso la publicación en un diario judicial gratuito de todos los fallos judiciales. Los jueces consideraron que los objetivos centrales de la norma, ya que considera "se encuentran ya cumplidos" e invocaron la acordada 14/2013, que estableció la obligación de publicación de sentencias a través del Sistema Informático de Gestión Judicial, al que se accederá a través del Centro de Información Judicial (CIJ). Como vemos el desmanejo político por parte de Cristina Fernández es total y absoluto, intenta utilizar como “fuerza de choque” a los sectores juveniles camporistas, y éstos son tan burdos e incapaces que la llevan a conflictos de toda índole y que terminan por “ajar y enmohecer el relato-discurso” del cristikirchnerismo duro y puro.
Según publica el diario La Nación, el mandatario envió a su canciller, Alfredo Moreno, para que intente dialogar con las autoridades argentinas. Moreno, quien ya había manifestado en el pasado su malestar al canciller Héctor Timmerman por las últimas medidas que habían afectado a la aerolínea chilena, está también en permanente contacto con el CEO de LATAM, Enrique Cueto Recordemos que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna, que conduce un militante de La Cámpora) notificó a LAN Argentina que debe desalojar el hangar que opera en la terminal del Aeroparque Jorge Newbery. El titular del ORSNA es Gustavo Andrés Lipovich, un licenciado en Geografía que, a causa de su simpatía con los sectores juveniles del Frente para la Victoria que confluyen en La Cámpora, fue director en AA2000 en representación del Estado, antes de ser designado en el Orsna, el ente regulador aeroportuario. La intimación se añade a las últimas complicaciones que tuvo la compañía con la estatal Intercargo, que le suspendió en reiteradas oportunidades la prestación del servicio de mangas. La disposición de Orsna modificó la agenda del CEO de la aerolínea, Ignacio Cueto, quien se encontraba en Colombia para inaugurar el 1er. vuelo con biocombustible en el país. Debido a la urgencia, el ejecutivo viajará hoy a Ciudad de Buenos Aires para reunirse con las autoridades aeroportuarias a fin de encontrar una solución. Según diarios chilenos, Cueto aclaró que las operaciones de la firma no se verán afectadas durante algunos días, pero de ratificarse la medida tendrán dificultades para trabajar, ya que  el establecimiento es utilizado para guardar y reparar aviones. Es decir que LAN podría dejar de volar. La medida tomada por este organismo estatal argentino ha sido visto desde el Gobierno de Chile como una "persecución", mientras que el ente empresarial más importante del país, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), ha mostrado su "preocupación" y ha ofrecido su "ayuda" a la aerolínea chilena de titularidad privada. Esta nueva arbitrariedad llevada a cabo por este sector juvenil, que se maneja “a destajo y con total impunidad” , provocó serias complicaciones internacionales a nuestro país y ahora nos lleva a un nuevo conflicto internacional, que vuelve a agravar la situación política argentina.
Si a todo esto se le suma que el vuelo ocultado de nuestra presidente a las Islas Seychelles, con una duración de 24 horas –que el Secretario General intentó hacer pasar por una escala técnica de 13, 30 horas- tal como fuere publicada en el Boletín Oficial, tuvo como motivo, no declarado aquello descubierto por Jorge Lanata encontró una clave que explica aspectos fundamentales de las investigaciones periodísticas y denuncias judiciales que se vienen haciendo sobre la fortuna de los Kirchner. En junio del 2003, apenas asumido, Néstor Kirchner impuso a Eduardo Cafaro como director del Banco Central. Este personaje tenía como principal mérito haber organizado la ruta de los fondos de Santa Cruz por las regalías petroleras a través de distintas entidades financieras, hasta su desaparición definitiva. Cafaro trabajaba en conjunto con Ernesto Clarens, el dueño de la financiera Credisol, que tenía el código de descuento por planilla para los empleados de la gobernación de Santa Cruz. Las oficinas de Clarens en la Capital estaban en el mismo edificio que Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez. La función principal de este último en el esquema delictivo organizado por Néstor Kirchner habría sido como su testaferro ya desde sus tiempos como gobernador de Santa Cruz y continuó en tal carácter hasta el 2010. Esta centralización en Báez incluía el producto de la sobrefacturación de las obras públicas, más las comisiones de las compras energéticas, tramitadas por Julio de Vido y el secretario de obras públicas Juan José López, y también los retornos que Ricardo Jaime recaudaba en transporte. En bolsos y valijas, los euros provenientes de estas fuentes eran llevados a Río Gallegos y a El Calafate. Allí, las enormes sumas eran guardadas en distintos lugares seguros por Báez. En una segunda etapa, los fondos eran enviados al exterior a través de distintos operadores. Uno de los principales era Clarens.
A Báez también le llegaban las ganancias que tributaban a la corona Cristóbal López con sus casinos y petroleras, más los porcentajes de las licitaciones que ganaba Electroingeniería. En este último caso el recaudador era Carlos Zannini, un gran comprador de campos en media docena de provincias junto al entonces intendente de José C Paz Mario Ishii, como señaláramos Báez habría guardado cerca de 1.000 millones de euros en Río Gallegos y el Calafate. El resto, unos 4.000 millones habrían sido transferidos a varios bancos de las Seychelles en distintas etapas. Esta última operatoria habría sido ordenada por CFK pocas semanas después del fallecimiento de su marido, el 27 de octubre del 2010. La cifra de 5.000 millones no sólo es el producto de estimaciones razonables sino que fue mencionada al pasar por Leonardo Fariña, que lo habría escuchado de Báez cuando era hombre de su confianza. En este punto, entró directamente en juego la presidente. Las cuentas que se habrían utilizado en las Seychelles eran de Báez y Kirchner, así que Cristina estaba obligada a viajar a las Seychelles para realizar los trámites como legítima heredera, cosa que hizo el 22 de enero pasado. La virulencia de la reacción del gobierno ante la denuncia sugiere una verdadera confirmación de que así ocurrieron los hechos. Pero el mayor riesgo para la Casa Rosada es que el secreto oculto en las Seychelles termine aflorando del todo, lo que colocaría a CFK en un callejón sin salida. En Río Gallegos, al encabezar el acto de adjudicación de las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic", Cristina Fernández se refirió a los llamados “empresarios K”, en medio de las denuncias y sospechas por el concurso en que el consorcio formado por Electroingeniería, la firma china Gezhouba e Hidrocuyo obtuvo la licitación para construir estas represas.
"Algún día vamos a hablar de los empresarios K", lanzó este mediodía Cristina Fernández en Río Gallegos, al hablar de las empresas que resultaron adjudicadas -en un concurso con muchas sospechas- para la construcción de las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic". Inmediatamente intentó desviar el tema: "si el punto es el haber ganado plata como empresa en estos 10 años, desde acá diviso a muchísimos empresarios K”. De esta forma, minimizó las denuncias contra empresarios cercanos al Gobierno que se han visto beneficiados con diversas adjudicaciones de obras públicas, sin contar además su gran crecimiento patrimonial. "Desde hace 4 o 5 meses hay denuncias contra cual o tal empresa que podían resultar adjudicatarias de estas obras. Les pido a todos los que participaron de las licitaciones anteriores y no han obtenido financiamiento que contribuyamos a hacer las cosas de la mejor forma posible, porque la obra se ha llevado adelante con total transparencia", aseguró Cristina al encabezar el acto de licitación de dos represas. La Presidente repasó los procesos anteriores en los cuales las obras habían sido adjudicadas a otras empresas y aclaró que finalmente no terminaron los procesos porque no lograron financiamiento.  Y aseguró que durante su Gobierno "las obras públicas no se ganan con lobby o denuncias" porque eso "no es una buena conducta empresaria". "A mí no me importa qué empresa hace las obras, a mí lo que me importa es que se haga", enfatizó. Recordemos que el consorcio formado por Electroingeniería, la firma china Gezhouba e Hidrocuyo obtuvo la licitación para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz. 
Electroingeniería es una compañía que creció fuertemente al calor del kirchnerismo. Luego de un proceso de idas y vueltas, que incluyó dos llamados a licitación frustrados, finalmente se supo que esa firma se adjudicó la monumental obra hidroeléctrica. Si bien Austral Construcciones no pudo ser de la partida porque las denuncias de corrupción la “salpicaron” (probablemente en forma definitiva), sí se concretó el apartamiento de las empresas brasileras del proyecto. Tanto Odebrecht como Camargo Correa tienen más experiencia internacional que Gezhouba en esos emprendimientos pero hay una decisión política de la Administración Cristina de impedir que participen del proyecto. Se presentaron a la licitación 5 consorcios conformados por 21 empresas. En junio quedó afuera la propuesta liderada por Comercial del Plata Constructora (de Cristóbal López) junto a la coreana Hyundai. Luego, cuando la UTM difundió el resultado del orden de prelación, no fue incorporado el consorcio de Odebretch / Impsa / Alstom, por no haber presentado carta de financiamiento. Quedaron 2 posibilidades: o Electroingeniería-Gezhouba, Helport (de Eduardo Eurnekian), Panedile, Isolux e Hidroeléctrica Ameghino, financiados por un banco ruso; o Austral (de Lázaro Báez), Sinohydro (de China), Iecsa y Esuco. Entonces, Austral Construcciones cayó en la trama de la corrupción K, tan difundida por Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos. Si bien Austral Construcciones siempre intentó apuntar a Cristóbal López por las 'filtraciones', lo cierto es que Electroingeniería ha sido la gran beneficiaria. El secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, rechazó los cuestionamientos del diario La Nación a la adjudicación de las obras de construcción de las represas hídricas en Santa Cruz. “No hubo ninguna impugnación en ninguna de las etapas del proceso licitatorio", afirmó López, e insistió: “los principales interesados de la obra más importante en cuanto a monto y a financiación, no hicieron ninguna impugnación formal".
López, en diálogo con Radio Del Plata (que es propiedad de Electroingeniería), explicó que las represas habían sido licitadas en 2007 por la Provincia de Santa Cruz y adjudicada al grupo integrado por IMPSA, Corporación América y Camargo Correa, pero después de 2 años de extender los plazos no lograron el financiamiento. Al respecto, el funcionario precisó que "lo que sucedió entonces es que entre la Provincia (Santa Cruz) y el adjudicatario desarrollaron un acta de común acuerdo dando de baja el proceso licitatorio". A diferencia de las convocatorias anteriores que había hecho la Provincia de Santa Cruz, la Nación lanzó un nuevo proceso licitatorio y desarrolló un roadshow que incluyó Buenos Aires, Brasil, China y Rusia. Este roadshow fue llevado adelante con la intención de relicitar dos represas que tienen un valor de cerca de US$ 7 mil millones y que no podían perdérselas, más a muy poco tiempo de terminar el segundo mandato –y definitivo, final- de CFK y por lo tanto de todo el “grupo de Empresarios amigo, o Empresarios K”, un final de ciclo y que va a dejar enorme cantidad de “tela para cortar” desde los estrados judiciales, no sólo en nombre y cabeza de los empresarios K sino en el de los funcionarios nacionales del régimen cristikirchnerista, a los que deberán investigarse patrimonialmente y en  cuanto a los “jóvenes camporistas” enancados en el presente régimen, mucho más, porque ellos han cometido “verdaderos estragos”.
  
Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013.
Arq. José M. García Rozado.
MPJIRucci – LIGA FEDERAL