domingo, 27 de agosto de 2017

LOPEZ REGA, EL PERONISMO Y LA TRIPLE "A"-CAP.-19 Acorralado

LOPEZ REGA, EL PERONISMO Y LA TRIPLE "A"
 
 MARCELO LARRAKY
 
 


19

Acorralado

     El 10 febrero de 1986, María Elena Cisneros se presentó en el séptimo piso del edificio de 25 st South East de Miami, sede del consulado argentino, y pidió hablar con Marcelo Huergo. El cónsul se hizo negar, pero luego cambió de idea y la hizo pasar a su oficina. Se propuso perder sólo dos minutos. Era la tercera vez en su vida que veía a Cisneros. La primera había sido el año anterior, cuando le dejó sus discos para que los escuchara. La semana anterior había insistido con el mismo asunto y además se había llevado un formulario de renovación de pasaporte. Ahora Cisneros volvía a reiterar su pedido de que el consulado argentino le diera apoyo para realizar un concierto. El cónsul la escuchó hablar sobre el valor de sus obras. Uno de los discos era un homenaje a las provincias argentinas. Otro era la traducción musical del Santo Rosario. Cisneros le habló sobre lo que le había costado realizar las grabaciones, del sacrificio que estaba haciendo para divulgarlas, y le recordó que como funcionario tenía la obligación de difundir la cultura argentina. Cuando ya llevaban diez minutos de conversación, Huergo decidió finalizar la entrevista, se puso de pie y le repitió que no podía ayudarla en nada. Cisneros le pidió un minuto más, metió la mano en su cartera y le acercó un pasaporte diplomático. Cuando vio el nombre del titular, Huergo volvió a sentarse.

     -¿Qué hace usted con eso?, le preguntó.

     -Lo quiero renovar.

     -¿Y qué tiene que ver usted con López Rega?

     -Vivo con él.

     Huergo miró la foto y sintió que estaba viendo la cara de un fantasma. Recordó las imágenes que lo mostraban en el invierno suizo, cuando estaba prófugo.

     -No sé si lo vamos a poder hacer. ¿Él no tiene causas pendientes en la Justicia?, le preguntó.

     -No. Esa es una historia vieja. Desde que volvió la democracia y está Alfonsín en el gobierno se descubrió que todo eso era un invento de los militares.

  

   Cisneros le dejó la solicitud de renovación firmada con un juego de fotos.

     -Lo único que le pido es que esto no trascienda. ¿Cuándo lo puedo pasar a retirar?, quiso saber.

     -Creo que en diez días o quince puede haber novedades. Déjeme un teléfono o una dirección que yo le aviso.

     Cisneros prefirió no dejarle ningún dato. Le dijo que en dos semanas volvería a verlo y salió. Huergo se quedó con el pasaporte en la mano, pensando. Le parecía extraño que el visado sólo registrara ingresos en Río de Janeiro y Madrid. Dedujo que Cisneros se habría asesorado con algún abogado, y que su gestión se debía a que las causas de López Rega ya estarían prescriptas. De inmediato, se comunicó con el canciller del gobierno radical, Dante Caputo, que estaba en un hotel de Nueva York.

     -Esto es una operación, le respondió el ministro. No sé de dónde viene ni cómo está armada, pero es una operación. Esta noche hago escala en Miami. Lléveme los papeles al aeropuerto. Y tenga cuidado. Es un tema delicado.

     A partir de ese momento, el gobierno de Alfonsín se hizo cargo del asunto. El ministro del Interior envió oficios a la Justicia para conocer el estado judicial de López Rega. Algunas causas habían prescripto, pero el ex ministro todavía mantenía tres frentes abiertos: estaba procesado en la causa de malversación de caudales públicos (Cruzada de Solidaridad), en la de fondos reservados de la Presidencia y también en la causa de asociación ilícita (Triple A). Las dos primeras estaban asentadas en el Juzgado Federal N° 3. La de la Triple A, en el N°5.

     El procurador general de la Nación, Juan Octavio Gauna, informó a los jueces federales que el gobierno iba a pedir la extradición de López Rega a los Estados Unidos, pero necesitaba saber si existían elementos de prueba para incriminarlo. En las causas de fondos reservados y de la fundación, la línea de investigación sobre la responsabilidad de López Rega no había sido profundizada porque jamás se había puesto a derecho. Existían dichos de Isabel que lo involucraban en el asesoramiento para la firma de cheques, le atribuían responsabilidad por la compra de bienes que realizaba el ministerio para la fundación, y también había algo sobre algún dinero de fondos reservados que no había rendido. Pero iba a ser difícil que alguien suministrara información nueva. Una pronta evaluación permitía inferir que, con lo que había a la vista, era difícil que pudieran extraditarlo.

     En el expediente de la Triple A las presunciones de culpabilidad de López Rega eran mayores. Pero la investigación había sufrido un vacío durante el gobierno militar. Cuando se retomó en 1983, las actuaciones se dispararon simultáneamente en distintas direcciones, y no se profundizó en la acusación a López Rega como jefe y organizador de la asociación ilícita. La mirada estuvo puesta en las acciones de Aníbal Gordon y su grupo. La base de la investigación había sido una denuncia de Guillermo Patricio Kelly, que, al estar bien informado en cuestiones de inteligencia, demostraba un conocimiento cabal de las actividades de Gordon. Pero en el expediente las vinculaciones de Gordon y López Rega no aparecían en forma directa. Durante el período en que López Rega se desempeñó como funcionario, Gordon respondía a la UOM y a la SIDE antes que al Ministerio de Bienestar Social. Si bien muchas declaraciones recabadas entre 1983 y 1986 mencionaban la actividad del ex ministro en el esquema de la Triple A, para armar una acusación sólida había que conseguir nuevos testimonios y empezar de nuevo.

     Con los elementos a la vista, el juez de la causa de la Triple A, Fernando Archimbal, renovó el pedido de captura sobre López Rega, pero a la vez rogó que no lo detuvieran. Por lo menos no en forma inmediata. A partir del momento en que fuera esposado, el juez sólo tendría cuarenta y cinco días para entregar las pruebas que pudieran incriminarlo, y éstas tenían que ser valoradas por la justicia norteamericana en un juicio en el que se debía decidir si podía ser extraditado. Los antecedentes no eran favorables: hasta entonces, todos los pedidos de extradición del Estado argentino habían sido rechazados. Archimbal tenía frente a sí dos desafíos: investigar en un mes y medio todo lo que sus pares no habían investigado en diez años, y que los resultados de esa investigación resultaran creíbles para los norteamericanos.

     Nueve días después de que Cisneros hiciera el pedido de renovación del pasaporte de López Rega, Archimbal citó a su despacho a Gustavo Adolfo Eklund, uno de los oficiales que conformaba el Estado Mayor del comisario Alberto Villar, junto al principal Jorge Muñoz, Jorge Vieyra, Ernesto Alais, José Famá y otros. A través de él el juez podía indagar sobre la conexión policial de la Triple A y los vínculos entre López Rega y Villar. Pero Eklund redujo de inmediato el nivel de expectativas del juzgado. Según su declaración informativa, de la Triple A sólo se había enterado por los diarios, y agregó que cuando le llegaba algún pedido de la Justicia para investigar crímenes de esa organización, le daba curso administrativo. A López Rega sólo lo había visto una vez, en el velorio de Villar. Archimbal no logró ninguna confesión.

Entre los testimonios de la causa de la Triple A posteriores al procesamiento de 1983 se encuentra elde Sergio Mauricio Schoklender, acusado de parricida. La actividad de su padre estaba ligada a lacompra y venta de armas y embarcaciones para la Armada. En marzo de 1984, Schoklender relacionó aGordon con López Rega y Massera. En un párrafo de su declaración dijo: "la adquisición de armamentopor parte de estos grupos, y más específicamente la Triple A, habría sido con fondos del Fonavi durantelas gestiones de los arquitectos Ricur y Patrocinio Moracastro. Estos fondos habrían sido utilizados porprimera vez por López Rega para unos embarques que llegaron vía Paraguay, con ametralladorasIngram con silenciador, con las cuales fue equipada su custodia. A raíz de la adquisición de armamentopara dicha organización, el señor Aníbal Gordon habría estado vinculado al almirante Massera, EnzoRamírez, Barboza, todos ellos ya sindicados en informe adjunto". Véase fojas 4.050, cuerpo 21, causaAAA en el Juzgado Federal N° 5.

     Luego el juez pidió la comparecencia urgente del teniente Juan Segura. Quería conocer detalles de su denuncia sobre la posible participación de militares en la Triple A. Esa pista nunca había sido investigada. En 1975, el oficial de inteligencia de Granaderos se había interesado en hacer su declaración a la Justicia, pero el entonces comandante en jefe del Ejército, general Videla, le había negado la autorización para hacerlo. Fue imposible local-zar a Segura. Había muerto el 28 de noviembre de 1979 en un ejercicio de paracaidismo en el Ejército. El paracaídas no llegó a abrirse. "Muerte accidental en acto de servicio", fue la carátula. Caso archivado. Archimbal reclamó entonces al Ministerio de Defensa las carpetas de la investigación interna que los coroneles Rico y Montiel habían realizado para la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, antes de que a uno lo mataran y el otro desapareciera. Le pidieron unos días para buscarla, pero luego le informaron que en los archivos del Ejército esas carpetas no existían.

     Cisneros volvió al consulado de Miami a las dos semanas, como había prometido. Huergo le dijo que no tenía novedades, pero le pidió un teléfono porque las tendría de un momento a otro. Esta vez, ella le dio un número y se fue. Al rato, Cisneros lo llamó enfurecida desde un teléfono público. Acababa de ver la portada del diario Clarín: "López Rega pide pasaporte en Miami". Le exigió que le gestionase la renovación en forma urgente. Para entonces, el pedido de captura al ex ministro había llegado a manos de la fiscal norteamericana Karen Moore.

     Como antecedente, el juez Archimbal envió los cuatro pedidos de arresto (dos de ellos emitidos en 1976, otro en 1979 y el último en 1983). El gobierno argentino confiaba en que este último pedido de captura interrumpiría la posible extinción de la acción penal por pres-cripción. La fiscal Moore anotó los cargos ("fraude", "conspiración", "malversación", "falsificación" y "robo") y trasladó al juez Samuel Smargon la solicitud de arresto. El juez la aprobó. El 27 de febrero, López Rega ya podía ser buscado por el FBI. Los cables secretos de la oficina de investigaciones advertían que era peligroso, que podía estar armado, y que podía intentar suicidarse en el momento de su detención. Según establecía el tratado de extradición, el hombre buscado no podía ser liberado bajo fianza. El caso le fue asignado al agente especial George Kiszinsky. Era un polaco que había vivido su infancia en la Argentina, hablaba bien el español y recordaba algunas palabras del lunfardo. Su primera acción fue conocer a Cisneros. Le pidió al cónsul que coordinara con ella una cita bajo cualquier pretexto. Huergo la llamó y sentó a la concertista al día siguiente en su oficina. Le explicó que podía extender un pasaporte provisorio para López Rega, pero que sólo le serviría para viajar a la Argentina.

     -Quizá, si tiene mucha nostalgia... , comentó el diplomático.

     La concertista le respondió que no le interesaba. Cuando se marchó del consulado y subió a su auto, Kiszinsky estaba en la vereda de enfrente. Tomó nota de la patente. Era un auto de alquiler. Llamaron a la agencia y consiguieron la dirección de Cisneros. Ese mismo día, ya tenía encima una guardia del FBI. Siguieron sus movimientos durante nueve días, pero en ningún momento la vieron junto a López Rega.

      Cansado de esperar, Kiszinsky y otro agente especial, Herb Cousins, decidieron entrar a su chalet. En la mañana del 8 de marzo, tocaron el timbre en el 2210 de la calle 36 de Fort Lauderdale. Atendió Cisneros. Kiszinsky se presentó como agente del FBI y dijo que quería hablar con López Rega. La concertista se asustó.

     -José no está. No sé por qué lo están buscando.

     El agente le detalló los cargos.

     -No, él no tiene que ver con nada de eso. Es un ángel, dijo.

     Kiszinsky intentó darle confianza. Le explicó que si las acusaciones eran infundadas, lo mejor sería que se entregara. Tarde o temprano el FBI lo iba a capturar.

     -El gobierno norteamericano vería con buenos ojos una entrega voluntaria. Usted puede ser acusada de interferir la acción de la Justicia si no colabora. Dígame dónde está López Rega, le exigió.

     Ella le dijo que había volado a las Bahamas cuando apareció publicado en los medios el pedido de renovación del pasaporte. Kiszinsky le pidió que lo pusiera al teléfono. Cisneros se sintió intimidada y empezó a lagrimear. El agente trató de tranquilizarla. Le dijo que su compañero podía ser dejado en libertad bajo fianza, y le habló de un abogado que podía contribuir para alcanzar esa instancia. Cisneros le pidió que la dejara pensar un momento. Quería hablarlo con José. Después lo llamó y le dijo que José estaba al teléfono. Kiszinsky comenzó a hablar con López Rega. Le repitió los mismos argumentos que a su pareja, pero con mayor severidad:

     -Sabemos dónde está. Es sólo cuestión de avisar a nuestros agentes en las Bahamas para que lo detengan. No hagamos de esto una persecución inútil. Usted podrá hacer sus descar-gos en la Justicia. Por si no lo sabe, las cárceles de Miami son mucho más confortables que las de Nassau. Y es mejor estar en una cárcel entre blancos que con negros.

     Los argumentos del agente del FBI habían sido lo suficientemente persuasivos. López Rega comprendió que ya no tenía vías de escape. Pero le pidió unos días para organizarse. Kiszinsky se los negó.

      -Dentro de dos días tengo una consulta con mi dentista. No me haga perder la cita. Yo iré a buscarlo.

     En la madrugada del 13 de marzo de 1986, custodiado por dos agentes del FBI, López Rega abordó un jet aéreo en Nassau que aterrizó en Miami a media mañana. Uno de los agentes era George Kiszinsky, quien le facilitó el ingreso en la oficina de Migraciones y lo llevó a la sede del FBI para ficharlo. López Rega dijo que estaba a punto de desmayarse. La ruta del prófugo más enigmático y menos buscado de la década de los setenta había terminado. Sin embargo, todavía contaba con una chance para salvarse. El agente le habló muy bien de su abogado.

     López Rega compareció ante la jueza Charlene Sorrentino. Cuando la audiencia comen-zaba, entró a la sala el cubano Luis Fors. Era el abogado que había mencionado Kiszinsky. En el ambiente jurídico no tenía mucho renombre. Se especializaba en temas de divorcio e impuestos. El agente del FBI le había comentado a Fors que López Rega tenía un piso lujoso en las Bahamas. Si lograba conseguir su libertad bajo fianza, podría reclamar buenos honorarios. Fors le explicó a la jueza que su cliente había demostrado buena voluntad al entregarse y solicitó su libertad. La jueza le indicó que el tratado de extradición no admitía esa posibilidad, excepto en situaciones extremas. En ese caso, podía presentar una moción de audiencia de emergencia ante otro magistrado. Fors quiso convencer a la jueza de que la libertad podría dictarla ella. Tenía dos argumentos: la edad de su cliente y la diabetes que padecía.

     -¿Qué edad tiene su cliente?

     -Sesenta y nueve años.

     -Tenemos gente de ochenta. Si se siente muy mal, podemos hospitalizarlo.

     No hubo modo de convencerla. Fors se resignó a que la petición de libertad de López Rega se tramitara en una audiencia de emergencia. A través de un sorteo, fue elegido el juez Peter Palermo. Todos fueron caminando hasta su juzgado. Allí se produjo el encuentro entre Cisneros y López Rega, que se sentaron en un banco de madera a esperar que los llamaran. Cuando la concertista vio llegar al cónsul argentino, se abalanzó sobre él y le presentó a su padre espiritual. López Rega lepidió explicaciones.

     -Huergo, ¿cómo puede ser que me mande a detener así? Si ahora estamos en democracia. Todas las causas que me iniciaron eran inventos de Massera. Está todo comprobado.

     No hubo tiempo para discusiones. El secretario del juez los hizo pasar a la sala y anunció el tema de la audiencia:

     -Los Estados Unidos de Norteamérica contra López Rega, José.

     El juez Palermo enumeró los cargos y le anunció las dos alternativas con las que contaba: enfrentar la extradición en un juicio oral, donde el juez Samuel Smargon evaluaría las pruebas que presentara la justicia argentina, o viajar por su propia voluntad a la Argentina en calidad de detenido, y enfrentar allí los cargos. Pero Fors volvió a la carga con su pedido de libertad bajo fianza. La enfermedad de su cliente lo ameritaba. Era una muestra del "caso extraordinario" que admitía el tratado. Palermo lo dejó seguir. De inmediato, hizo pasar al estrado a dos testigos. Uno de ellos era Kiszinsky. Dijo que López Rega estaba bastante débil.

     -Hoy, en dos ocasiones, tuvimos que sostenerlo para que no se cayera. Y me comentó que debía tomar remedios y realizar una dieta porque es diabético.

     La otra testigo fue Cisneros. Empezó defendiendo a López Rega en inglés. Dijo que era su enfermera, pero se disculpó por no haber traído su diploma en ese momento. El juez le preguntó si acaso no era la pareja.

     -Escuche bien: él es mi padre espiritual y yo soy su enfermera, afirmó la pianista. Tengo treinta diplomas. Uno de ellos es el de enfermera. Siempre quise ser una persona de valor para la sociedad argentina.

     Cisneros dijo que López Rega se atendía en las Bahamas, pero no recordaba el nombre del médico. Sus imprecisiones comenzaron a irritar al juez, que dijo que debería contar con algún informe médico para tomar una determinación. Pero la fiscal Karen Moore, que asegu-ró representar al gobierno argentino, explicó que López Rega podría ser llevado detenido a prisión federal, y atendido por médicos y enfermeras. Fors vio que estaba perdiendo su batalla y forzó sus armas:

     -¿Acaso no cree en el testimonio del agente del FBI sobre su estado de salud? La cárcel para un hombre de setenta años va ser un shock peligrosísimo, dijo.

     Cisneros empezó a gritar por la inocencia de su compañero.

     -Yo no puedo decidir eso, afirmó Palermo. Que lo lleven a prisión, y si es necesario a un hospital. No tenemos el testimonio de un médico. La ley dice que debe quedar detenido. Yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo.

     Fuera del juzgado esperaba la prensa. López Rega fue fotografiado con esposas durante su traslado al Metropolitan Correctional Center, situado cincuenta kilómetros al sur de Miami. Viajó en un colectivo de la prisión, junto a otros delincuentes. Eran las cinco de la tarde. Lo esperaba la primera noche de su vida en cárcel. Fue registrado con el número 86-421 y encausado junto a un haitiano, detenido por un homicidio. La detención lo hizo reflexionar. A la mañana siguiente llamó a su abogado y le comunicó que quería volver a la Argentina. No tenía ganas de afrontar el juicio de extradición. Su vida ilegal ya lo había agotado, y estaba deprimido. Fors llamó a Kiszinsky y éste le comunicó la novedad a Huergo.

     Los tres concurrieron al Metropolitan Correctional Center. El cónsul llevó en su valija un formulario para que López Rega firmara el pasaporte provisional. Lo encontraron en una sala pequeña. Era un hombre encorvado, metido dentro de un mameluco anaranjado que le quedaba demasiado grande. Llevaba zapatillas blancas, sin medias. No demostraba otra voluntad que la de escapar de sí mismo. Huergo le dio el papel y López Rega comenzó a completarlo. Al momento de escribir su fecha de nacimiento empezó a contar su vida. Dijo que había conocido a Aurelia Tizón, la primera mujer de Perón. Ella tocaba el piano y él la guitarra. Después fue internándose en un discurso místico. Su verbo se hizo indetenible.

     -Ustedes no entienden. Yo puedo hablar con Dios. Soy esa clase de hombres para los que no existen las cárceles ni las fronteras. Ustedes creen que yo estoy preso aquí. No es cierto. Sólo tienen mi cuerpo. Mi mente flota libre. Aquí, en una sola noche, comprobé que todos me quieren. Anoche, mi compañero de celda, al notar que tenía frío me ofreció sus medias. ¿Se dan cuenta el significado de esto? Dios me asiste.

     Luego recordó a Perón:

     -Con el General teníamos una relación muy especial. Había energía entre nosotros. Cuando él empezó a morirse, lo agarré de las manos y se recompuso un poco. Pero no sé quién me llamó, lo solté, y el General se murió. A mí los médicos me decían "brujo". Pero yo curaba. Ellos eran unos incompetentes. No sabían cómo hacerlo.

     Sus ojos se llenaron de odio cuando recordó a Massera.

     -Ese hijo de puta estaba obsesionado con quedarse con la Presidencia. Por su culpa todos empezaron a llamarme "brujo". Lo decían para descalificarme. Él me hizo echar del país.

     Fors se fue impresionado con su defendido.

     -Tiene un magnetismo especial, comentó cuando se retiraban.

     A Kiszinsky también le había caído en gracia. Comentó que había algo en él que le hacía recordar a su padre. El deseo de López Rega de volver a la Argentina duró un día. Al siguiente le comunicó al abogado que su único objetivo era permanecer en los Estados Unidos. Daría batalla en el juicio oral para impedir la extradición. Cisneros lo había convencido. Quizás estuviera arrepentida de sus dos errores: pedir un pasaporte y ponerlo al teléfono. La justicia norteamericana envió dos fiscales a Buenos Aires para brindar un curso rápido sobre cómo formular un pedido de extradición. El juez Archimbal les informó que existía la presunción de que López Rega era el jefe de una organización a la que se le atribuían más de dos mil muertes en menos de dos años. Los fiscales dijeron que era imposible investigar cada una de ellas. Quedarían atrapados en un laberinto. Para elaborar una presentación judicial convincente, les recomendaron circunscribir la recolección de pruebas a unos pocos crímenes. A partir del asesoramiento, el juez Archimbal programó una estrategia dividida en tres etapas: primero, debería probar la existencia de la Triple A. Después, tendría que demostrar que esa organización se había adjudicado la autoría de determinados crímenes y, finalmente, que López Rega era el jefe de esa banda.

     En el juzgado descartaron la idea de indagar acerca de las responsabilidades que tendría su custodia u otros grupos sobre el resto de los crímenes de la Triple A. No querían complicarse la vida. Si comenzaban a profundizar sobre cada muerte excederían el plazo de la presentación de pruebas. No había tiempo para hacer justicia con otro asunto que no fuera el de López Rega. Cuando Archimbal activó la causa de la Triple A, la justicia argentina estaba poniendo al desnudo a los principales actores de la década de los setenta. El jefe de Montoneros Mario Firmenich estaba en prisión. Había sido detenido el año anterior en el Brasil, cuando gestionaba la renovación de su pasaporte. Por su parte, la Cámara Federal acababa de condenar, con distintas penas, a los miembros de las juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional.

     Pero frente a la posible extradición de López Rega, el escepticismo era generalizado. Se suponía que su entrega era parte de una estrategia judicial que le permitiría quedar en libertad en poco tiempo. Resultaba muy difícil que la Justicia pudiera juntar pruebas a casi doce años de acaecidos los hechos, y que éstas pudieran ser valoradas positivamente por un juez norteamericano. La desconfianza se advirtió en las primeras citaciones de Archimbal. Las convocatorias judiciales eran frenéticas, pero los testimonios resultaban evasivos. Algunos se limitaban a comentar que el ex ministro de Bienestar Social era un personaje muy desagradable. Sólo una semana después de que López Rega fuera detenido, surgió el primer testimonio que alentó al juez. Era el de Alejandro Ferreira Lamas, que había sido secretario del presidente Cámpora. Dijo que en1974, cuando ya se conocía la existencia de la Triple A, el diputado Ortega Peña le encargó una investigación sobre López Rega para probar su vinculación con actividades criminales. Lamas dijo que había viajado a Europa y allí obtuvo comprobantes que demostraban que el entonces ministro de Bienestar Social traía armas desde Libia para (según se suponía) armar grupos parapoliciales. También dijo que había conseguido remitos que probaban que enviaba a "su gente" a Libia para entrenarse. Habló de los negocios espurios que se cometieron con el ingreso de petróleo de Libia al territorio nacional, y su triangulación con el Japón. Y agregó: Toda esa documentación fue remitida a Rodolfo Ortega Peña quien al recibirla en su carácter de diputado nacional, en una sesión se levantó de su banca e indicó al presidente de la Cámara que obraban en su poder las pruebas concretas que demostraban la criminalidad del entonces ministro de Bienestar Social. No pasó mucho tiempo antes de que Ortega Peña fuera asesinado y la Triple A se adjudicó la muerte.

     Otro testimonio fue el de Aníbal Gordon, que estaba detenido. Dijo que en abril de 1974, cuando trabajaba en la oficina de Operaciones Tácticas de la SIDE, "escuchó reiteradas veces que el jefe de la Triple A era López Rega". Aunque el mismo Gordon estaba sospecha-do de ser un continuador de las actividades de López Rega, y el valor indiciario de sus dichos era escaso, el juzgado lo consideró como un aporte más: había que acumular testimonios. Hacia fines de marzo declaró Manuel Gaggero, que en 1973 era vice director del diario El Mundo, ligado al ERP. Dijo que en septiembre de ese año una bomba de la Triple A había volado el frente de su casa de Paraná. "Por Rucci", le dejaron escrito. El comisario Vitani, subjefe de la Policía Federal, le dijo que los autores "eran un grupo armado muy pesado", y ofreció tramitarle el pasaporte. Gaggero informó que su diario también se oponía a la gestión de Gelbard en el Ministerio de Economía, y que éste, en una entrevista que mantuvo en febrero de 1974, le preguntó para qué atacaba la línea económica, si en realidad su verdadero enemigo y al que deberían atacar era a López Rega y a su Triple A. Y Gaggero concluyó :En todo el ambiente periodístico era algo más que conocido que López Rega era el que encabezaba y mantenía con sus medios a la Triple A.

     Un día después testimonió Jaime Cesio, vinculado a la centroizquierda y con prestigio de "coronel democrático". Siguió en la misma línea que Gaggero. Dijo que los sectores políticos a los que estaba vinculado sabían que la Triple A era un instrumento del entonces ministro de Bienestar Social para eliminar a la izquierda peronista y a los marxistas. Algunos sectores, queriendo de alguna manera justificar la acción de López Rega, decían que al final, este sujeto estaba haciendo algo sucio que los demás no podían o no querían hacer.

     Después declaró el abogado Eduardo Luis Duhalde. Había sido socio y compañero de militancia política de Ortega Peña. Dijo que la muerte de éste, así como las persecuciones y amenazas que sufriera, habían sido una respuesta de la Triple A al interés del diputado por desenmascarar a esa organización. Su experiencia política (había militado en el peronismo entre 1960 y 1974) le había permitido arribar a la íntima convicción de que la Triple A encubría las actividades ilegales de una estructura creada por López Rega. Duhalde enumeró las denuncias publicadas en las revistas Militancia y De Frente, que dirigiera junto a Ortega Peña. En la masacre de Ezeiza, señaló la participación decisiva de personas que se identificaban como integrantes del Ministerio de Bienestar Social, transportando armas en ambulancias pertenecientes a esa cartera según le consta por haberlo visto, ya que estuvo presente en ese lugar. Dijo que habían denunciado al teniente coronel Jorge Osinde como responsable directo de los grupos intervinientes, y en el mes de julio de1973, Militancia denunció la entrega de un millón de pesos de aquel entonces de los fondos reservados del ministro López Rega al capitán Jorge Morganti para ser utilizados en dicha estructura clandestina que aún no tenía un nombre público. Duhalde continuó mostrando números de la revista. El 4 de octubre Militancia denunció que desde el gobierno se estaba preparando una serie de atentados contra personalidades y dirigentes considerados opositores a López Rega. El efecto del artículo lo relacionó con lo sucedido cinco días después. Mediante un artefacto explosivo fue destruida la sede de la revista de la calle Sarmiento 1422, piso 4 oficina "1", causando daños y heridos entre los habitantes del inmueble. En una entrevista posterior que mantuvo con el ministro de Interior, Llambí, y el ministro de Justicia, Benítez, ambos le revelaron su impotencia para investigar episodios, en tanto afectaban a aquella prominente figura del gobierno, refiriéndose, es claro, a José López Rega. Duhalde también relató que un agente del Servicio de Informaciones de la Aeronáutica le advirtió que "el diputado Ortega Peña se había salvado de un atentado organizado por la patota de Bienestar Social", cuando entró imprevistamente a un edificio e impidió que se consumara el crimen. Y también dijo que unos días después de la muerte de su socio habían ido a buscarlo a él en dos coches Torino sin patente, y que se salvó porque no lo encontraron.

     El juzgado continuó reuniendo recortes de diarios, librando oficios a otros juzgados para que le remitieran antecedentes de la Triple A, sumando declaraciones testimoniales. Faltaban menos de veinte días para entregar las pruebas cuando declaró un ex custodio de Isabel Perón, Juan Carlos Lagos. Su aparición en el juzgado fue casi compulsiva. En un asado familiar, el secretario Mario Filozof le había escuchado comentar una anécdota sobre López Rega, y lo invitó a que la contara exactamente igual en el juzgado. Lagos se negó, pero cuando le llegó un oficio judicial, se sintió obligado. En su declaración, informó que había compartido con López Rega la custodia de la residencia presidencial en los años cincuenta. Los dos eran cabos. Pero cuando su colega llegó a ministro de Bienestar Social en 1973, lo convocó para su custodia personal. Hasta que un día me dijo que me apreciaba mucho al igual que al grupo de personas que componían la custodia, pero que necesitaba otro tipo de gente menos limpia para hacer los trabajos que él quería, que por lo tanto el que declara y el grupo de gente que lo acompañaba pasaría a integrar la custodia de la señora María Estela Martínez de Perón, mientras luego se enteró que el grupo de la custodia de López Rega lo pasó a formar Rovira, Almirón y otros.

     La declaración del ex diputado Héctor Sandler sirvió al juzgado para demostrar cómo el miedo se había instalado en el Congreso. Sandler narró que el 11 de septiembre de 1974 la Triple A le había dejado un sobre en su estudio de abogado, en el que lo emplazaba a renunciar a su banca y abandonar el país en setenta y dos horas. Durante un mes se refugió en distintos domicilios. En octubre, unas cincuenta personas vestidas de civil rodearon la manzana del edificio donde se encontraba. Pensó que le había llegado el día de morir. Tendría el mismo fin que Silvio Frondizi, quien había sido arrastrado de su departamento a fines de septiembre de ese año y ultimado en la calle. Pero Sandler se salvó porque Salvador Bussaca, vicepresidente de la Cámara de Diputados, envió varios patrulleros a ese domicilio, de donde fue rescatado a las 9 de la noche. Sandler encontró refugio en una pequeña habitación del Congreso y allí durmió durante siete noches. A modo de salvoconducto, la Cámara lo envió junto a su esposa como observador de las elecciones norteamericanas. En una conferencia de prensa en Nueva York, denunció la existencia de la Triple A y luego se refugió en México, donde encontró a decenas de dirigentes políticos que habían sido amenazados por la misma organización. Sandler concluyó: En la Cámara de Diputados era una opinión pública que López Rega no era ni podía ser ajeno a las activida-des que se atribuían a la Triple A.

     También se acercó al juzgado el periodista Horacio Verbitsky. Le preguntó al juez si el pedido de extradición de López Rega era serio, porque en ese caso él podría facilitar algunos testimonios, incluido el propio. Archimbal le respondió que no estaba convocando gente en vano, y que además tenía urgencia. El procurador Gauna le había remitido un cable secreto de la embajada argentina en los Estados Unidos. Allí le reclamaban que adelantara parte de la documentación para el 11 de abril, a fin de que fuera traducida en Washington, y, una semana después, que enviara el trabajo completo. El juicio de extradición estaba previsto para el 28 de abril de 1986.

     El testimonio de Verbitsky giraba alrededor de un hecho puntual. En septiembre de 1974 había viajado junto a tres periodistas al Perú, donde se enteraron de que figuraban en las nuevas listas de condenados a muerte de la Triple A. Pusieron en conocimiento de la novedad al canciller peruano Miguel de la Flor Valle, que por entonces estaba por recibir en Lima a su par argentino Alberto Vignes por los festejos del 150° aniversario de la batalla de Ayacucho. Flor Valle se comprometió a comentarle el tema a Vignes, a quien lo unía una amistad. Después de esa conversación, el canciller peruano recomendó al grupo de argentinos que no retornaran a su país. Las declaraciones judiciales de Verbitsky y Pablo Piacentini relatarían este hecho, pero la novedad más importante ocurrió el 10 de abril, cuando se presentó el testigo de primera mano, Miguel de la Flor Valle. El diplomático testimonió que cuando lo consultó sobre la suerte de los tres periodistas argentinos que habían sufrido las amenazas, Vignes dijo que era preferible que no regresaran a la Argentina y que permanecieran en Perú o en cualquier otro país porque estaban inscriptos en una lista especial. En otro momento de la conversación el Dr. Vignes expresó que estos periodistas habían sido muy críticos con el ministro López Rega.

     El 14 de abril de 1986 se presentó Tomás Eduardo Medina, ex edecán de la Presidencia. Había trabajado en esa área desde el 27 de mayo de 1973 hasta el 31de diciembre de 1974. Luego fue jefe del Departamento Aviones de la Presidencia. Medina hizo un gráfico con las oficinas de la Casa de Gobierno y la residencia de Olivos para demostrar que su ubicación era privilegiada. Había tenido contactos permanentes con la custodia de López Rega, Almirón y Rovira, y también escuchaba las conversaciones entre ellos. Su declaración fue la siguiente: A partir de 1973 pude observar cómo López Rega comenzaba a armarse de un séquito personal y a tener cada vez más poder. Se vivía un clima de violencia en el país y era evidente que este grupo se sumergió en ese clima de violencia y era parte de él. Al poco tiempo de ocurrido el atentado al senador Solari Yrigoyen, como lo ocurrido a los que nombra: Ortega Peña, Duhalde, Troxler y Frondizi, pudo apreciar como comentario algo así como" se fue este zurdo, un problema menos". En especial Rovira, que era el que más comentaba. Todos los comentarios que hacían entre ellos, por más que intentaban disimularlo, le hacían llegar a la clara reflexión de que este grupo era el que integraba la Triple A. Incluso cuando escuchó a Rovira y a Almirón decir sobre el padre Mugica, "a éste le vamos a hacer la boleta", deja constancia de que a los dos días de escuchar ese comentario el padre Mugica fue asesinado. El mismo Almirón viajó al extranjero a fin de importar armamento y luego vio al que declara para mostrarle parte del armamento que había traído. Carlos Villone era el que manejaba personalmente los fondos del Ministerio de Bienestar Social y de allí se encubrían y ayudaban a las andanzas de esa organización ilícita, como así también se les provisionaba a los integrantes de armamentos y demás materiales. El señor Roballos alguna vez le comentó al deponente los inconvenientes que padecía para justificar legalmente los fondos que de esa manera se manejaban. Medina refirió que por su cantidad, sus armas, sus automóviles, sus equipos de comunicación con banda propia y la impunidad con la que se movían, esas personas constituían un grupo parapolicial de la Triple A. El ex edecán reveló un comentario que por entonces le hizo López Rega. Le comentó al que declara que él y su grupo parapolicial o de custodia era la única solución para combatir el terrorismo. El mismo López Rega había formado ese grupo que dirigía y conformaba de acuerdo a esta filosofía. Lo grave era que caían los que eran terroristas y los que ese grupo creían que eran terroristas. Los miembros del grupo hablaban continuamente de la lista que tenía López Rega, donde estaban incluidas las víctimas o las futuras víctimas. A las anteriores víctimas que antes estaban en la lista, el grupo mismo se ocupaba de tacharlos. El ex edecán también habló de las armas. Recordó que Almirón le comentó que las armas las habían traído de Paraguay, que en los depósitos del Ministerio de Bienestar Social había fusiles, ametralladoras, granadas y equipamiento electrónico de comunicaciones que no se conocía en el país. Tanto Rovira como Almirón eran muy ostentosos, viajaban en distintos vehículos y utilizaban generalmente balizas como las de la Policía Federal. También los vi con equipos de arco y flecha especiales practicando en la residencia presidencial de Olivos.

     En menos de un mes de trabajo intenso, el juez consideró que ya tenía los elementos necesarios para presentar la acusación. La idea central de la presentación judicial argentina ante la Honorable Corte de los Estados Unidos de América con jurisdicción en el distrito sur de Florida fue que López Rega había sido el creador y fundador de la organiza-ción dedicada al crimen común, que decidió auto titularse "Triple A"; que el nombrado señalaba a las víctimas o daba el visto bueno para la ejecución de los delitos que los compo-nentes de la empresa ejecutaban, y asimismo era el que facilitaba los medios económicos y las armas, como así quien les procuraba a sus subordinados, desde su alto cargo de gobierno, la impunidad.

     Para decretar la prisión preventiva y librar el exhorto de la extradición de López Rega, el juez se basó en las declaraciones de Paino, González Figueredo, Duhalde, Ferreira Lamas, Gaggero, el coronel Cesio, Gordon, el diputado Porto, el senador Bravo y Lagos. Eran quienes lo imputaban por los delitos por los que se lo quería extraditar. Los crímenes que tomaron para la acusación contra López Rega fueron seis: Ortega Peña, 30 de julio de 1974; Curuchet, 9 de septiembre de 1974; Troxler, 19 de septiembre de 1974; Frondizi y Mendiburu, 27 de septiembre de 1974; Laham yBarraza, 13 de octubre de 1974. Todos esos crímenes prescribían en el curso de1986, a los doce años de la fecha en que se cometieron.

En enero de 2007, un mes después de acceder a la reapertura de la causa "Triple A" y declarar de "lesa humanidad" los hechos investigados en la misma, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso la prisión preventiva de los ex comisarios Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales y del oficial Miguel Ángel Rovira. Almirón, de 71 años, fue fotografiado en la localidad de Torrent, a diez kilómetros de Valencia, por un equipo periodístico del periódico

El Mundo de España en diciembre de 2006. Vivía con su esposa en un modesto departa-mento, era jubilado gastronómico y estaba en tratamiento de rehabilitación después de sufrir una embolia cerebral. Oyarbide pidió su extradición a la Audiencia Nacional española para juzgarlo en la Argentina. Pero en España Almirón también es acusado de participar en los asesinatos de dos carlistas (Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero) el 9 de mayo de 1976, durante una manifestación política partidaria, en Montejurra, Navarra, España. Ese día, camuflados entre las fuerzas legales de la Guardia Civil, también estuvieron comprometidos miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, la Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina. Diez días después de la detención de Almirón, el diario Perfil fotografió a Morales, de 88 años, tomando fresco, en pijama, en el balcón de su departamento del barrio de Palermo. El juez lo indagó y permanece con arresto domiciliario. En tanto, Rovira, de 71, se entregó voluntariamente para declarar en el Juzgado. Después de sus tareas de custodia en el Ministerio de Bienestar Social, Rovira había pasado a trabajar a las órdenes del general Ramón Camps, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Una vez retirado de la fuerza, fue contratado por la empresa Metrovías de subterráneos como jefe de seguridad. En el año 2000, la agrupación HIJOS de desaparecidos "escrachó" su casa de la calle Pasco al 1000, en Buenos Aires. La policía tendió un vallado para proteger la vivienda de Rovira y les arrojó gases lacrimógenos a quienes lo denunciaban. Los fundamentos del juez Oyarbide para disponer la prisión preventiva de Almirón, Morales y Rovira, considerados responsables de integrar prima facie

la asociación ilícita Triple A, ya obraban en la causa judicial desde los años 1986, 1987 y 1988, pero entonces no fueron contemplados por el fiscal Ibarra ni por el juez Archimbal para dictar órdenes de detención contra ellos, pese había testimonios sobre la participación de la custodia del ex ministro en los hechos investigados. El interés de la Justicia estaba focalizado sólo en López Rega. Por último, el 10 de enero de2007, el juez Oyarbide también pidió la captura de Felipe Romeo, director de El Caudillo, de 61 años. Según un informe de las autoridades de Migraciones, seis días antes del pedido de detención, y tras hacerse públicas las novedades de la causa, Romeo había partido a Inglaterra. Hasta ese momento, trabajaba en la restauración de cúpulas y edificios antiguos. Véase diario Página/12 del 7 de enero de2007.

     El juez Archimbal le explicó a la justicia norteamericana que la de López Rega era una situación análoga a la de Firmenich, a quien había procesado como responsable de los homicidios de E. Firelli y R. Duran, "por haber co determinado a los autores materiales de los mismos". El juez consideró a López Rega "prima facie y por semiplena prueba, autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, de la que resulta su jefe y organizador y homicidios agravados por la cantidad de intervinientes en forma reiterada (seis oportunidades) de los que resulta co determinador".

     La embajada argentina había contratado a una empresa de traducción para llegar al plazo fijado por el tratado bilateral de extradición. Habían trabajado trescientas personas con las pruebas colectadas. No obstante ello, las cajas con la acusación llegaron a la Corte un día después al plazo legal indicado. Pero como justo ese día había sido feriado en los Estados Unidos, las recibieron igual. En este punto, no hubo Dios que lo asistiera: el ex ministro sería sometido a juicio.

FUENTES DE ESTE CAPÍTULO

Para la elaboración de este capítulo se entrevistó a Marcelo Huergo, a Fernando Archimbal y a Mario Filozof. También se tomó información de los archivos desclasificados del FBI sobre López Rega, de los testimonios de la causa judicial sobre la Triple A y de artículos de diarios y revistas de marzo y abril de 1986, y de diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007