La Corrupción K en la “Década Ganada” (Capítulo XXVIII)
CAPÍTULO XXVIII
LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN ALCANZA A DANIEL SCIOLI
“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”. Terencio
1. El gobernador ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos[1]
a) Una historia muy controvertida
La compra de una cooperativa
ordenada por el gobernador bonaerense Daniel Scioli mediante un “decreto
extractado” –el 717/2010− generó preocupación en ámbitos políticos
oficiales y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden
de hacer frente a un pago que asciende a 101 millones de pesos cuando
la valuación fiscal de la misma es de 20 millones de pesos.
Esta controvertida historia
comenzó en 2002, durante la gobernación de Felipe Solá, cuando el Estado
bonaerense decide declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble y sus respectivas instalaciones (máquinas, herramientas,
rodados, muebles y útiles) de propiedad de la firma “Ignacio Wasserman
S.A.”.
La firma en cuestión era un
centro de servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de
acero con una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. Fue
fundada en octubre de 1961 en el Partido de Vicente López con una
superficie cubierta de 12.800 metros cuadrados sobre un lote de 16.500
metros cuadrados.
“Ignacio Wasserman S.A.” tiene
una historia muy parecida a otras que también sufrieron centenares de
empresas de la Argentina: caída de la producción por importaciones,
recesión, convertibilidad e imposibilidad de saldar sus deudas con
proveedores y personal. Conclusión: el Estado bonaerense decidió
expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por venta
directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.
En rigor, “Los Constituyentes
Limitada” es una de las tantas denominadas “fábricas recuperadas” por
sus obreros que encontraron en ese procedimiento la única vía para
seguir trabajando.
b) La otra historia: ¿la verdadera?
Pero de acuerdo a la información
suministrada a NOVA por funcionarios bonaerenses, que se mostraron
preocupados por los alcances de la decisión adoptada por el gobierno de
Scioli, la “verdadera historia” es la siguiente:
“En 1995, en plena recesión
industrial argentina, Wasserman decide firmar un contrato para alquilar
la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la
cooperativa en cuestión, para que puedan seguir trabajando por su
cuenta y así evitar despidos”.
“La empresa seguía pagando
impuestos y deudas… pero para desgracia de Wasserman, la cooperativa se
convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la
Legislatura bonaerense, que dictó la Ley 12.996 que expropió la fábrica y
la entregó a los trabajadores”.
Los dueños insistieron en su
momento que los habían echado de su fábrica con la Ley 12.996 en la mano
sin haber presentado quiebra. Sin embargo, nunca más pudieron ingresar a
la planta.
c) “Sugerencias” que complican a Scioli
Ya fuera de su empresa, Ignacio
Wasserman decide -en el año 2004- iniciar un juicio de expropiación
inversa en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial Nº 6
de San Isidro.
Tras largos procedimientos
judiciales en los que no faltaron demandas y contrademandas, Wassernan
formula una propuesta transaccional ante la Fiscalía de Estado
(Expediente 5100-24518/08) por la suma de 130 millones de pesos.
En enero de este año, tras las
intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de
la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el ministerio
de la Producción a cargo de Martín Ferré y la Secretaría Legal y
Técnica se autoriza al Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; a efectuar
el acuerdo transaccional.
Dicho acuerdo consistió en lo
siguiente: 101 millones los aportó la Provincia con bonos de cancelación
de deuda, mientras que la Cooperativa “Los Constituyentes Limitada” se
comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.
En rigor, el Estado bonaerense
está pagando 101 millones de pesos por una cooperativa en la que
trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales.
Por ese motivo, las dudas que
rondan los pasillos de la Gobernación giran en torno a quién o quiénes
fueron los que asesoraron a Scioli para firmar dicho decreto, dado que
con esa medida se incursiona en un “sospechoso procedimiento
administrativo que muchos consideran el principio de un esquema de
corrupción”.
2. Juicio político contra Scioli por fraude al Estado[2]
a) Las consecuencias podrían afectar a la Casa Rosada
La historia detrás de la
expropiación de la firma Ignacio F. Wasserman SA, que este portal
publicó en 2010. Las “sugerencias” a Martín Ferré.
La denuncia presentada contra el
gobernador Daniel Scioli por “fraude al Estado” a raíz de la supuesta
adquisición ilícita de una fábrica en quiebra tendría consecuencias que
incluso afectarían intereses de la Casa Rosada, en virtud de los
desplazamientos políticos que podrían generarse.
En primer lugar, de prosperar,
podría derivar en un juicio político contra el propio gobernador. En la
presentación judicial están involucrados, además, el ex ministro de
Producción, Martín Ferré −actual titular de la cartera de Desarrollo
Social−, el ex fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski −ya fallecido−, y
el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, por cuanto en la
operación habría intervenido el estudio “Caporal, Citara y Casal”,
relacionado con el funcionario.
Se trata de la denuncia realizada
por el abogado Luis Caro, del Movimiento Nacional de Fábricas
Recuperadas, por la presunta adquisición ilícita por parte de la
Provincia de la firma Ignacio F. Wasserman SA, concursada en 2003 y sin
disposición de sus bienes.
La presentación fue hecha ante la
Fiscalía n° 8 de La Plata, y entiende en la causa el juez César
Melazzo. Caro denunció al gobernador Scioli por los delitos de “fraude
al Estado provincial”, “incumplimiento de los deberes de funcionario
público” y “asociación ilícita” en perjuicio de la provincia de Buenos
Aires en el marco de la expropiación de la empresa, que había sido
recuperada por sus trabajadores.
El caso fue una primicia exclusiva de NOVA hace dos años, en octubre de 2010 (ver supra).
En aquella oportunidad, este medio informó que el gobernador Scioli
“ordenó pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos”.
La compra de esa cooperativa,
ordenada por el mandatario mediante un “decreto extractado” −el
717/2010−, generó preocupación en ámbitos políticos y de la propia
Tesorería de la Provincia, que recibió la orden de hacer frente a un
pago que ascendió a 101 millones de pesos cuando la valuación fiscal era
de 20 millones.
Ahora el escándalo estalló y
amenaza con “llevarse puesto” a más de uno. Por caso, el actual ministro
de Desarrollo Social, Martín Ferré, ya habría recibido la “amable
sugerencia” de volver a ocupar su banca en la Cámara de Diputados, para
recuperar los fueros. En caso de que la investigación avance, nadie
quiere en calle 6 tener imputado a un integrante del gabinete.
Ferré fue electo diputado por la
Séptima Sección en la elecciones del año pasado, pero dejó su banca para
asumir en la cartera de Desarrollo Social, luego de ver frustradas sus
intenciones de ser jefe del bloque del FpV o detentar algún cargo de
autoridad en el cuerpo. En su lugar asumió Mario Caputo, un hombre que
responde al ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio
Randazzo.
Según analizaron ante NOVA
fuentes legislativas, si Martín Ferré regresara a su escaño acosado por
la Justicia, Randazzo estaría perdiendo a uno de los suyos en la
Legislatura bonaerense. Un claro retroceso en el armado del hombre de
Chivilcoy, que no resigna sus aspiraciones en el territorio provincial.
Sin embargo, todas estas
alternativas serían minucias al lado de la posibilidad, concreta, de que
el propio gobernador Scioli sea sometido a juicio político por este
caso de presunta corrupción. Pero, como toda historia, ésta también
tiene un comienzo.
b) El “relato”
Todo comenzó en 2002, durante la
gobernación de Felipe Solá, cuando el Estado bonaerense decidió declarar
de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las
respectivas instalaciones de propiedad de la firma “Ignacio Wasserman
SA”.
La firma era un centro de
servicios metalúrgicos que proveía chapas, flejes y tubos de acero con
una producción promedio de nueve mil toneladas mensuales. La Provincia
decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a título oneroso por
venta directa a la Cooperativa de Trabajo “Los Constituyentes Limitada”.
Sin embargo de acuerdo a la
información suministrada a NOVA en su momento por funcionarios
bonaerenses, la “verdadera historia” es que, en 1995, en plena recesión
industrial, Ignacio Wasserman decidió firmar un contrato para alquilar
la planta temporalmente a los empleados, quienes ya habían conformado la
cooperativa, para que pudieran seguir trabajando por su cuenta y así
evitar, además, sus despidos.
La empresa seguía pagando
impuestos y deuda pero, para desgracia de Wasserman, la cooperativa se
convirtió en un movimiento político con fuerte influencia en la
Legislatura, que dictó la Ley 12.996 de expropiación de la fábrica y la
entregó a los trabajadores.
En el año 2004, ya fuera de su
empresa, Ignacio Wasserman decidió iniciar un juicio de expropiación
inversa en el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial nº 6
de San Isidro.
Así, tras largos procedimientos
judiciales, formuló una propuesta transaccional ante la Fiscalía de
Estado por la suma de 130 millones de pesos.
Finalmente, en enero de 2010,
tras las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la
Contaduría General de la Provincia (con la firma de su jefe, Carlos
Machiaroli) el Ministerio de la Producción a cargo de Ferré y la
Secretaría Legal y Técnica, se autorizó al fiscal de Estado, Ricardo
Szelagowski, a efectuar el acuerdo transaccional.
El acuerdo consistió en que la
Provincia aportó 101 millones de pesos con bonos de cancelación de
deuda, mientras que la cooperativa “Los Constituyentes Limitada” se
comprometió a abonar 20 millones en cuotas semestrales de 600 mil pesos.
En rigor, el Estado bonaerense
pagó 101 millones de pesos por una cooperativa en la que trabajan 60
personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales. Toda esta
información es la que hoy estalló en la cara del gobernador Scioli, y
con la que cuenta el juez Melazzo.
3. El patrimonio oculto de Scioli y su gabinete[3]
a) Conocer las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es un derecho ciudadano
El Gobierno se jacta de una
institucionalidad transparente, aunque el acceso a las declaraciones
juradas del Gobernador y su Gabinete está vedado a los ciudadanos,
infringiendo la ley. La historia de ser funcionario y no exhibir sus
bienes.
Acceder a las declaraciones
juradas de los funcionarios públicos es un derecho que tiene cualquier
ciudadano. Y es algo que deben abogar los dirigentes que fueron elegidos
por el voto popular.
Algunos que profesan la
transparencia de la gestión han mostrado con resultados concretos que no
tienen nada que esconder. Así el intendente de Morón, Martín
Sabbatella, como su par de Tandil, Miguel Lunghi o el caso del jefe
comunal de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, para citar algunos
ejemplos, colocaron sus declaraciones juradas en las páginas de sus
municipios.
En Bahía, a través del Decreto
Municipal nº 644/06, se estableció la obligatoriedad para quienes se
desempeñan como Personal Superior del Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad, de presentar una declaración jurada de sus Bienes
Patrimoniales, “con el objetivo de brindar transparencia al accionar de
los mismos, mediante el control de la ciudadanía, del estado de su
patrimonio durante el desempeño en el cargo público”.
Pero la ley de Ética de la
Función Pública (25.188) obliga a los funcionarios a presentar sus
declaraciones patrimoniales, y en el artículo 9 se establece que “las
personas que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la
función pública en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma
fehaciente para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado
no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer
nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que
pudieren corresponder”.
Y algo que sostiene dicha ley es
que todos tendrán la posibilidad de acceder a las declaraciones juradas,
aunque castigando a los que utilicen esa información para “cualquier
propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias
para la difusión al público en general”.
Ahora bien, ante la inquietud de
conocer cuál era el patrimonio declarado del gobernador Daniel Scioli y
su Gabinete, entre los que se encuentra su hermano José Scioli, el
equipo periodístico fue sorprendido con el impedimento de que dichas
declaraciones no pueden ser vistas ni por ciudadanos comunes, y tampoco
por periodistas.
b) Conocer el patrimonio, una misión imposible
Como en Nación, los funcionarios
del Gobierno bonaerense deben presentar sus declaraciones, y el
encargado de recibir dicha información es la Escribanía General de la
Provincia, que se encuentra a cargo de Ramón González Fernández.
González Fernández dice ser,
según sus secretarias, un funcionario de segunda línea que “solo”
depende del Ministerio de Justicia, es decir, que su jefe no es otro que
Ricardo Casal.
“Si el ministro Casal autoriza
dicha información, vienen acá con el permiso y nosotros le damos todas
las declaraciones juradas que quieran”, explicó la secretaria del
Escribano General.
La Tecla: – Pero las declaraciones juradas son un derecho que tiene cualquier ciudadano para consultar…
Secretaria:- Nosotros nos manejos así, es una directiva de Casal.
L.T: – Es decir que el ministro es quien contradice la ley que regula este tipo de información de acceso público.
S.:- No contradice, es una normativa que dio.
L.T: Existe la posibilidad de que conversemos con el Escribano González Fernández.
S:- Está en una audiencia.
L.T: – Entonces debemos
presentar un escrito en el Ministerio de Justicia de la Provincia, y si
el ministro Casal autoriza dicho pedido, volvemos acá y recién ahí
ustedes nos proporcionan la información.
S:- Exactamente.
L.T: – Muchas gracias, hasta luego.
Anteriormente el equipo
periodístico se comunicó telefónicamente con la Escribanía General para
conocer los requisitos ante el pedido de declaraciones juradas. Desde
esa área informaron que todos tenían la posibilidad de acceder a dicha
información, aunque presentando el DNI.
Una vez en el edificio de la
Escribanía, el jefe del sector de las declaraciones juradas comentó que
“sólo personas idóneas podían acceder a la información porque es de
carácter reservada y no de acceso público”.
Inmediatamente el equipo
periodístico cuestionó la afirmación, debido a que la ley respalda dicho
acceso, lo que provocó la inmediata consulta a la normativa. El
resultado fue que el empleado admitió el derecho a solicitar las
declaraciones.
Sin embargo, aclaró que se debía
presentar un escrito que iba a ser girado a las autoridades para que
evalúen el pedido, obviamente que previo a eso, se reunió con el
Escribano General para notificarlo del requerimiento periodístico.
Acto seguido, dos hombres, uno
vestido de camisa celeste y otro de camisa rosa, se apostaron al lado
del equipo periodístico y del jefe de documentación, responsable de
mostrar las declaraciones juradas.
Mientras esto sucedía los
empleados del sector advertían que varios funcionarios provinciales
desistían de presentar su declaración. “Esto es un viva la pepa, el que
no quiere presentar no presenta y no dan ningún argumento”, disparaban.
“¿Quién no quiere saber cuánto
tiene nuestro gobernador?”, cuestionó otro empleado, quien agregó: “Pero
eso está bajo siete llaves en una cajita de cristal”.
Algunos datos llamativos que
sorprendieron fue que más allá de realizar la presentación por escrito,
demostrando el interés público para pedir dicha declaración, se corría
el riesgo de que no se entregaran los informes patrimoniales.
“No se los van a dar”, aseguraba el jefe de documentación.
Tras varios intentos de hacer
valer el derecho ciudadano, el equipo desistió del pedido y se retiró
del edificio. Pero sin duda quedó la sensación que algo siempre hay que
esconder, aunque nunca se sabrá por qué.
[1]
Fuente de información: Agencia NOVA, 13/10/10, “Scioli ordenó
pagar por una cooperativa la friolera de 101 millones de pesos”, http://www.agencianova.com.
[2]
Fuente de información: Agencia Nova, 15/8/12, “De avanzar la
denuncia por fraude al Estado, la primera hipótesis es el juicio
político a Scioli, http://www.agencianova.com. Más información: Informador público, 2/1/14, “Una causa que acorrala a Daniel Scioli”, http://site.informadorpublico.com.
[3] Fuente de información: La Tecla.info, 7/2/14, “El patrimonio oculto de Scioli y su gabinete”, http://www.latecla.info.
