Una oposición ingenua ignora que la Reforma Procesal Penal es una ley de autoamnistía
Los diferentes partidos de oposición cayeron en las trampas tendidas
por el cristinismo con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal.
El gobierno pone el eje en temas como los delitos cometidos por
extranjeros y la supuesta intención presidencial de terminar con la
puerta giratoria que permite que los delincuentes entren por una puerta y
salgan por la otra.
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También preocupa la frase “conmoción social” para
justificar la prisión preventiva en los delitos graves, que hoy por hoy
suelen terminar en excarcelaciones. Y decimos que la oposición es
ingenua porque con la ley actual se puede expulsar a los extranjeros. Y
no es fácil terminar con la puerta giratoria, ya que los tribunales, en
reiteradas ocasiones, han declarado la inconstitucionalidad de mantener a
los procesados en prisión. Basta como ejemplo el caso de los hermanos
Schlenker, condenados a perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro, que
causó en su momento una gran conmoción y ya tienen condena en casación,
esperando ahora que decida la Corte Suprema de Justicia.
Un solo objetivo
O sea que las declaraciones de la presidente por la cadena nacional
son en general una sarta de mentiras. Distintos sectores internos del
Frente para la Victoria, como el CELS, Jorge Taiana, Diana Conti y otros
critican el proyecto de reforma procesal y el ministro de justicia
Julio Alak le tomó el pelo a la oposición diciendo que todo es
discutible en el proyecto oficial. La realidad es que muchos de sus
artículos no son relevantes, en cambio sí lo es el artículo 5°, que
clausura la posibilidad de revisar un fallo si perjudica al sentenciado,
como por ejemplo el sobreseimiento fraudulento a la presidente por su
presunto enriquecimiento ilícito. Una demostración de que el real
objetivo de este proyecto es la impunidad futura. Y también está el
artículo 34, que le permite al Procurador General reasignar los
expedientes entre los fiscales. Estamos entonces frente a una verdadera
ley de autoamnistía, similar a la que en su momento impulsaron los
generales Reynaldo Bignone y Cristino Nicolaides y que fue derogada por
el Congreso cuando asumió la presidencia Raúl Alfonsín.
