Queridos amigos:
El “efecto dominó” al que
también suele llamarse efecto “bola de nieve”, hace referencia a un suceso
primario que provoca en forma concatenada otros efectos secundarios que se van
sumando hasta generar un suceso de mucha mayor magnitud. Se puede aplicar en el
ámbito de la accidentología, en el ámbito social o en el político, campo este
último en que explicaría la fantástica velocidad de cambio con que
se produce el crecimiento y caída de determinados regímenes superando la
evolución lógica previsible.
En el caso que nos ocupa, el
suceso primario fue el hecho de que Sergio Massa ratificó su candidatura a
diputado nacional en las primarias abiertas de la provincia de Buenos Aires, obteniendo
mayor número de votos que cualquiera de sus oponentes, incluyendo a los candidatos
del oficialismo.
A partir de allí la bola de
nieve comenzó a rodar. La señora
presidente dio variadas muestras de irritación, descubrió la necesidad de
recuperar la iniciativa política y, como suele suceder en estos casos, el
gobierno lanzó acusaciones de golpe institucional y denuncias de un plan desestabilizador,
poniendo en evidencia su súbita debilidad.
La
oposición, asumiendo que
alcanzará mayoría en la Cámara de Diputados, comenzó a discutir
extemporáneamente
si esta vez asumirá la presidencia de dicha Cámara. Los candidatos
presidenciables,
dando por descontada la inviabilidad de la continuidad del ciclo del
gobierno
actual pero olvidando que esta administración aún cuenta con más de dos
años de gestión y la elección
general de Octubre, comenzaron a marcar la cancha, notable en el caso
del
otrora prudente Daniel Scioli que ya pidió acompañamiento para que el
gobierno termine bien su gestión e internas
en el caducado partido justicialista. Mauricio
Macri ratificó el viernes la vigencia de su proyecto presidencial.
Sergio
Massa, que aún tiene que ganar las elecciones generales a diputado en su
provincia,
ya es visto por amplios sectores como el futuro presidente, razón por la
cual
se iniciaron los reposicionamientos de dirigentes que, como en el caso
de los
líderes de la agrupación Juan Domingo, corrieron a su lado abandonando a
Daniel Scioli quien era hasta ayer su jefe político. La velocidad de
los acontecimientos es tal que hay sectores políticos que piensan que
las elecciones
del 2015 deberían adelantarse dando motivos para validar la paranoia
oficialista de una democracia bajo ataque.
Lo cierto es que el momento
requiere calma y reflexión. El gobierno
tiene poco para dar porque la situación
económica del país le ata las manos pero aún conserva una enorme capacidad de
hacer daño y controla instrumentos como los decretos de necesidad y urgencia
que utiliza sin pudor. Con uno de esos decretos, el 1170/13, el gobierno
aumentó en 23.000 millones de pesos el gasto público utilizando fondos del
Banco Central que utilizó para aumentos de sueldos, subsidios y obras en
provincias e intendencias de aliados
electorales. Este dispendio aumenta en 11.000 millones de pesos el déficit fiscal pero no asegura recursos hasta más allá de
Octubre. La lectura de estos números revela que el gobierno está dispuesto a
arrasar con reservas y equilibrios fiscales en su afán de cambiar los
resultados en las urnas con una total falta de seriedad y responsabilidad.
Otra demostración de que el
gobierno no se da por vencido fue la reunión con empresarios, banqueros y sindicalistas, organizada por la presidente
en la provincia de Santa Cruz con el pomposo nombre de “diálogo social”,
efectuada en ocasión de firmar la adjudicación para la construcción de dos
represas. Sin embargo, estos intentos de interpretar el ánimo dialoguista expresado
por algunos candidatos a los que la
sociedad pareció premiar en las urnas, se dan de bruces con la naturaleza inconmovible
del personalismo y el autoritarismo presidencial. La contradicción comenzó con
la exclusión al llamado no solo de los protagonistas políticos que resultan esenciales para el diálogo, sino
también de los sindicalistas “opositores” y hasta del sector más dinámico de la
economía como lo es el agropecuario.
En su afán de pretender atender las demandas
sociales, la presidente habló de su voluntad política de bajar el impuesto a
las ganancias, bandera de la oposición y los sindicatos, pero apeló para ello a
requerir propuestas de parte de los
empresarios. Es obvio que para compensar los fondos que dejen de recaudarse del
impuesto a las ganancias las propuestas deben surgir en el Congreso nacional y
tomar la forma de ahorro en el gasto público o de una modificación en la matriz
impositiva. Es insólito observar que quien reniega de las corporaciones, recurra
a ellas para solucionar problemas
sociales que son notoriamente ajenos a sus incumbencias.
Como remate, en su habitual
discurso auto elogioso, la señora presidente superó algunas de sus frecuentes
exageraciones comparando nuestra solvencia económica con la de Australia y
Canadá, con el único dato de la relación entre reservas y Producto Bruto Interno. El conjunto de los
indicadores económicos entre esos dos países y el nuestro es desgraciadamente
tan favorable a ellos, que la mención de la señora Cristina Fernández ya no solo
fue objeto de airadas réplicas sino de burlas, chanzas e ironías, que en nada
favorecen a la imagen presidencial. En su afán de apoyar a su líder, la señora
Débora Giorgi, Ministra de Industria, extendió al día siguiente la comparación
con indicadores de Estados Unidos y Europa con lo que el dislate fue completo.
Mientras esto sucedía en Santa Cruz, tuvimos el placer de
acompañar a los referentes de la mesa de Enlace en una presentación en que expresaron
su disgusto por su exclusión del diálogo y ofrecieron una conferencia ilustrativa
de los cientos de miles de millones de pesos
que el campo pone en juego cada año en su apuesta de riesgo para
producir alimentos que no solo cubren ampliamente las necesidades de la Argentina sino que son
su principal fuente de ingreso de divisas. Escuchar y contemplar el
empuje, la claridad conceptual y la capacidad técnica de los referentes de este sector, nos abre la esperanza de que
podrán ser un factor de despegue una vez que lleguen al gobierno dirigentes que jueguen a favor y no en contra
del sector agropecuario, como lamentablemente sucede ahora.
Es claro y evidente que las
razones por las que el gobierno perdió la mitad de los votos que obtuvo en la
elección del 2011 no obedecen a que la ciudadanía no perciba las bondades del
modelo o a que el grupo Clarín y el periodista Jorge Lanata (tildado esta semana
de “sicario mediático” en un comunicado oficial) la confundan con sus
denuncias. El origen del rechazo electoral se origina en lo cotidiano en la disconformidad
por el ICI (Inseguridad, Corrupción, Inflación),
en el temor a la presión institucional sobre la justicia y los medios y el
hartazgo de los elementos coadyuvantes al relato como la mentira estadística,
el abuso de la cadena nacional y los discursos de tono agresivo. A los más
informados se le suma la preocupación por la disminución del 28 por ciento en
el saldo comercial o el nuevo fallo desfavorable en la disputa con los tenedores
de bonos impagos que aprieta un lazo capaz de estrangularnos cuando llegue la
hora de pagar. Todo sazonado con presos que escapan de los penales de máxima seguridad
con toda facilidad, huelgas de tono político que frenan los subterráneos y la
proliferación de agrupaciones denominadas “kirchneristas”, que gozan de
financiación abundante y atemorizan con
su agresiva militancia rentada.
En el plano ideológico, en que
se mezclan las concesiones a las agrupaciones de izquierda con la visión
unilateral de los derechos humanos, los medios se han hecho eco de las
irregularidades denunciadas en el juicio al presidente del Ingenio Ledesma,
Carlos Pedro Blaquier, acusado de haber prestado camionetas a gendarmería para
efectuar detenciones en 1976 y atribuyendo a este hecho, no comprobado, la
entidad de delito de lesa humanidad. Al desmesurado abuso de esa figura
jurídica se suman hechos tales como que el nuevo fiscal de la causa era abogado
querellante hasta que se lo designó para ese cargo. Nos indignamos con estas
arbitrariedades y celebramos que se hagan públicas pero no dejamos de notar que
innumerables abusos jurídicos de similar naturaleza, y aun peores, son cometidos en
detrimento de los militares acusados por delitos de lesa humanidad en medio de
un silencio absoluto y sin que las denuncias formuladas, que incluyen hasta el reclamo
por el elemental derecho a ser atendidos en sus hospitales, encuentren el más
mínimo eco en los medios, en las agrupaciones de derechos humanos, en los
jueces de garantías o en la Corte Suprema ante la que han sido denunciadas.
Pareciera que ensañarse con los militares y ensalzar a los terroristas de los
años setenta es considerado lo políticamente correcto a juzgar por la actitud de
los medios y el olvido del tema en los dirigentes y candidatos.
En las elecciones que se
vienen la ciudadanía debe procurar llevar al Congreso a diputados y senadores
que por su historia y trayectoria den garantías de no sumarse a la “transa” y la complicidad. Legisladores capaces de
denunciar la corrupción y de señalar los abusos a los derechos humanos, cualquiera
sea el sector que los sufre. Sería importante no dejarse arrastrar por el efecto
dominó y procurar elegir con sensatez, entendiendo que en una elección
legislativa hay que poner los mejores hombres en el Congreso para poder frenar
los abusos del ejecutivo y evitar un indeseado derrumbe anticipado de la
economía y un colapso del que luego costará mucho salir. Tenemos un desafío y
hay que asumirlo con mirada curva para ver más allá del horizonte cercano.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana
Twitter @NevesJuanCarlos
