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| SLOKAR O LA JUSTICIA K |
El caso del asesinato de Ezequiel
Agrest fue uno de los que más golpeó a la opinión pública en el 2011. Ocurrió
el 8 de julio de ese año, cuando el joven, de 25 años, estudiante universitario,
murió tras ser asaltado en el barrio porteño de Caballito. Había ido a la casa de
una compañera y fue interceptado por un hombre, que intentó asaltarlo. Como el
muchacho se defendió, el delincuente lo mató de un disparo en el pecho
En abril de 2012, el Tribunal
Oral en los Criminal N° 28 condenó a Sebastián
Pantano autor del crimen, a cadena perpetua, fallo que tuvo un voto en
contra, del juez Luis Márquez, quien
afirmó que se trató de un homicidio en ocasión de robo, lo cual prevé penas
menores.
El defensor de Pantano adujo que
el tiro de muerte contra Agrest “se le escapó” a su victimario, no obstante lo
cual fue condenado justa y rigurosamente
por el mencionado tribunal oral. La sentencia fue apelada a Casación cayendo el
tema en una sala integrada por los jueces abolicionistas Slokar, Ledesma y Figueroa que recogieron el voto en minoría del
tribunal oral y además, para reducirle la pena al asesino, dieron crédito el
argumento del defensor, de que la muerte había sido accidental. Según los jueces:
"Se trató de un homicidio
culposo por negligencia dado que el homicida violó el deber mínimo de cuidado
al manipular un arma de fuego sin adecuar los recaudos de seguridad".
Nos preguntamos, lógicamente, cual es el
manual para delincuentes que determina el deber mínimo de cuidado con las armas
cuando se sale a robar a punta de pistola y por qué si se sale en ese plan debe
guardarse ese deber mínimo o cualquier otro. Parece algo cómico. Pero en el
mundo del progresismo judicial todo es posible.
Para rematar estos genios del derecho,
la justicia y el sentido común dicen en abono a la reducción de condena del
delincuente:
."La pena (de perpetua)
dictada violenta la garantía de igualdad teniéndose en cuenta que fue aplicada
a un joven de 25 años cuya personalidad aún está en formación, transformándolo
en un ser ajeno a la vida en sociedad, y lo confina a verse privado de
cualquier proyecto que no le fuera impuesto por el Estado
Lo que sucede es que el joven aun
“en formación” asesinó a una persona de su misma edad quitándole todos los
derechos que podía tener desde que está en una tumba. Los argumentos de la Sala son propios de la ideología de
los derechos humanos que, según ésta, se ejercen contra el poder y en este
caso el poder es el Estado que le impone al asesino el proyecto de quedarse encerrado
para salvaguarda de la comunidad o sea
para que no siga robando y matando. Pero la lógica es algo absolutamente ajeno
al progresismo garantista. Ellos piensan la sociedad y el derecho desde la óptica
del Otro, del delincuente. La víctima
y su familia que las parta un rayo.
Estamos de acuerdo con la madre de la víctima,
que dijo ampliamente lo que pensaba del poder judicial y de la Sala de Casación
mencionada:
"Los argumentos para bajarle
la pena al asesino son elementales, infantiles y absurdos. ¿De qué crueldad me
hablan cuando me dicen que 25 años es mucho? Ojalá yo pudiese tener a mi hijo
al menos encerrado para abrazarlo. Quién usa esos argumentos me parece un
inmoral", agregó.
"Estoy muy dolorida e
indignada. Porque el derecho penal sostiene el principio de igualdad, pero mi
hijo no tiene voz y este pibe pide que lo saquen cuanto antes. Cuando hablan de
penas duras y blandas, la dureza es un lugar en la mesa vacía, un llanto en la
mesa familiar. Los padres no pueden soportar el dolor. El que dice que es una
pena cruel o dura 25 años a un chico porque va a seguir bajo la tutela del Estado,
es un ignorante".
ANTECEDENTES
La misma sala de la Cámara
Nacional de Casación Penal había dictado el año pasado una sentencia que
facilita la libertad de reincidentes. Fue al declarar inconstitucional un
artículo del Código Penal que impide la libertad condicional de los
delincuentes reincidentes, en un fallo en el que benefició a un hombre que
tenía cuatro condenas unificadas en una pena de 25 años de prisión. A partir de
esta decisión, aquellos condenados por segunda vez con sentencia firme podrán
quedar libres antes de agotar la pena tras las rejas. Es la línea que sigue el CELS
y por ende el gobierno actual (y todos los gobiernos progresistas anteriores). Línea
orientada por Horacio Verbitzky y el
ministro de la corte Zaffaroni, con referencia a las excarcelaciones.
Aducen que la cárcel no regenera y que están abarrotadas con lo cual se torna
inhumano recluir allí a “pobres” asesinos, violadores y delincuentes varios. En
lugar de hacer que las cárceles regeneren
(que sería la obligación del Estado) pretenden que los delincuentes estén en sus
casas con una pulserita en el garrón
o realizando la actividad que les es propia en las calles: Seguridad para los
delincuentes e inseguridad para la gente decente y trabajadora.
El juez Alejandro Slokar es un
juez K que apoyó a la reforma de la justicia de Cristina. Slokar fue secretario de Política Criminal en
el gobierno de Néstor Kirchner, es profesor titular de Derecho Penal de la UBA
y de la Universidad Nacional de La Plata y fue autor de uno de los libros
emblemáticos del garantismo en materia de Derecho Penal junto con Raúl
Zaffaroni. Curiosamente afirma en apoyo a la reforma judicial kirchnerisa, que los jueces deben rendir cuentas. Esperamos
fervientemente que le llegue el turno.
GUILLERMO ROJAS
