lunes, 25 de febrero de 2013

MADURAN LOS CONFLICTOS


 


Queridos amigos:

La Argentina vive una crisis. El poder ha quedado en manos de un grupo pequeño de dirigentes que combina viejos ideales revolucionarios que son resabio de un pasado violento, anticuadas fórmulas económicas socialistas de probada ineficacia y un autoritarismo que no reconoce límites a la hora de buscar maneras de perpetuarse en el poder. Para algunos, la crisis es coyuntural, porque el grupo que gobierna se hundirá por efecto de su incompetencia para conducir el país y su destino ineludible es ser democráticamente reemplazado, denostado y luego olvidado. Para otros, la crisis es existencial, porque la habilidad para controlar los resortes del poder les otorga capacidad para retener el mismo y podrían de este modo cumplir el objetivo de modificar las bases republicanas que parecen despreciar y destruir así el espíritu del sistema constitucional que nos gobierna.


Ambas evaluaciones reconocen la importancia de las elecciones legislativas de Octubre que otorgarán al grupo gobernante  la posibilidad o no, de reformar la Constitución con todos los riesgos que ello implica. Pero hay otro factor de la realidad que no puede soslayarse. La ineficacia de las políticas públicas adoptadas y la incapacidad de la mayoría de los funcionarios para enfrentar la compleja trama de la conducción de la nación, han  generado problemas profundos que, sostenidos en el tiempo sin darles solución, están provocando conflictos que han llegado en muchos casos a puntos de maduración que hacen que caigan de sus ramas de origen al terreno cotidiano o, dicho en términos clínicos, remedan tumores en que se ha activado la supuración.


Uno de los temas que se ha visibilizado con toda  su fuerza fue el caso de la tragedia de Once que cumplió un año en la misma semana en que el juez de la causa determinó el procesamiento de dos Secretarios  de Transporte, junto a funcionarios responsables del control y empresarios que habrían lucrado con los subsidios pagados por el Estado, sin atender a su aplicación al mantenimiento del servicio.

Esta tragedia ha golpeado duramente la sensibilidad colectiva no solo por la cantidad de víctimas (51 muertos y más de 700 heridos) sino por el hecho de que desde las pantallas de los televisores, millones de argentinos vimos en directo la agonía de los cuerpos estrujados con la impotencia de no poder hacer nada para ayudar ni para sacarlos de la trampa de hierro que los aplastaba. Las frases desafortunadas de algunos funcionarios como Schiavi, Randazzo y Garré, más el silencio presidencial,  sumaron para irritar los ánimos. Ahora, las pericias judiciales han confirmado que hubo corrupción, negligencia y falta de control,  con el agravante de que la Auditoría General de la Nación había alertado larga, detallada  y reiteradamente, acerca de lo que sucedía  y fue sistemáticamente ignorada y desatendida.


Los familiares transitaron el 22 de febrero expresando su dolor, su búsqueda de justicia y también su indignación. La frases “asesinos de escritorio” y  la acusación de buscar “enriquecerse sin importar las consecuencias”, expresadas en el mensaje leído por los familiares, sintetizan el sentimiento dominante. La señora presidente ensayó unas frases de solidaridad en un discurso dedicado a otras cuestiones. Dijo que “estaba la justicia para determinar responsabilidades” eludiendo su responsabilidad política y descargando todo en una justicia  a la que frecuentemente ha denostado, amenazado con una incierta “democratización” y hasta ignorado en fallos de su Corte Suprema. No extraña por ello, que su nombre haya sido silbado y abucheado en los actos públicos organizados por los familiares y que miembros de organizaciones que tradicionalmente fueron afines al gobierno se hayan apartado en este caso de la posición oficial.

El juicio que sobrevendrá, pondrá en el banquillo a los funcionarios  y empresarios  directamente involucrados pero por encima de ellos hay mayores responsables y todo un sistema de subsidios sin control que se mantiene en distintas áreas con resultados catastróficos desde lo funcional y riesgoso desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios. Entretanto, seguimos conmovidos por el dolor de los familiares de las víctimas, el sufrimiento de los que sobrevivieron con distintas secuelas y la condena de tener que continuar viajando cada día en un sistema ferroviario obsoleto, descuidado  y riesgoso.


 Otro sector que se manifestó sumido en la indignación fue el de la comunidad judía, que fue aumentando su oposición al memorando de entendimiento con Irán, referido al juzgamiento de los imputados por el atentado terrorista contra la AMIA,  a medida que el mismo fue tratado y aprobado en el Senado.

El Ministro Timerman discutió con los más variados interlocutores, desde un ex canciller hasta miembros prominentes de la comunidad judía, pasando por dirigentes y senadores opositores. A medida que el debate obligó a definir posiciones y conceptos quedó claro que el acuerdo presentado apunta a regularizar las relaciones con Irán y nada aporta a la posibilidad de esclarecer el atentado acaecido hace 21 años, aunque ello no es explícitamente reconocido por el gobierno y no fue obstáculo para que los senadores oficialistas lo votaran en bloque, sin disidencias.

Desde Israel  le recordaron a Timerman, con dudoso buen gusto, su deuda por haber defendido a su padre cuando fue detenido y su ascendencia judía. Lo cierto es que Timerman es argentino y funcionario público y su primera lealtad es con su país y con su cargo. Por encima de ello está solo su compromiso con su conciencia y los paradigmas éticos que tenga. El problema no reside en la supuesta traición de Timerman a sus ascendientes sino en que la Argentina marcha ahora firmemente a estrechar una relación con una nación con quien no comparte valores democráticos ni humanos. Esto refuerza la influencia de los factores ideológicos nocivos del grupo que nos gobierna en las políticas públicas, que ahora se extiende claramente al campo internacional.


Cabe apuntar un detalle colateral pero significativo. La oposición votó unida en el Senado en contra del acuerdo con Irán y sumó 31 votos. El oficialismo alcanzó un total de 39 (dos senadores no votaron) lo que muestra la distancia que tiene hoy con los 48 votos que representan los dos tercios del total de 72 senadores y que son mandatorios para habilitar una reforma constitucional. En estos números, que difícilmente se modifiquen en la próxima elección en que se renuevan en 8 provincias 24 senadores, en su  mayoría oficialistas, está la clave de la limitación para reformar la Constitución si no se trampea y se alteran las reglas de juego o los senadores opositores traicionan su compromiso. Allí debe estar puesta nuestra atención.


Un conflicto cuya madurez ya alcanzó el punto de eclosión en forma de puja distributiva, es el desborde inflacionario. A diferencia de años anteriores ni el gobierno ni las empresas están en condiciones de elevar los salarios en la misma medida que la pérdida del valor adquisitivo. Esta situación se potencia en algunos sectores particularmente sensibles, sin perjuicio de los reclamos generales impulsados por las centrales sindicales de distinto signo pero con iguales demandas.

Uno de los sectores críticos es el docente y el problema se suscita tanto en los que perciben sus salarios del gobierno nacional como en los dependientes de los gobiernos provinciales. En el ámbito nacional, el mismo gobierno se burla de la ficción de los índices de precios oficiales inferiores a la realidad, al imponer  un aumento del 22 por ciento que, de todos modos, no ha sido aceptado y  lleva al primer paro del año. En la mayoría de las provincias el problema se repite,  con particulares connotaciones en la Provincia de Buenos Aires en que se mezclan los problemas salariales con la presión política que ejerce el gobierno nacional para eliminar al gobernador Scioli como competidor en la puja presidencial.

La negativa del gobierno nacional a asistir a Scioli y aún a dejarlo endeudarse, demuestra desprecio por los sufrimientos de los ciudadanos de la provincia frente a los intereses políticos  en pugna. La consecuencia inmediata es la pérdida de días de clase. El problema de fondo está en que si no se toman las impopulares medidas necesarias para controlar la inflación, el conflicto social se incrementará a niveles impredecibles.


La insatisfacción y el conflicto se expanden en todos los campos. El sector agropecuario habla de  retacear la venta de soja para hacer sentir su disgusto. Las centrales sindicales de Hugo Moyano (CGT) y Pablo Micheli  (CTA) planean paros y movilizaciones para marzo. Los números de la economía no  son satisfactorios, incluyendo la baja registrada en Enero en el saldo de la balanza comercial y la caída en el sector de la construcción. En ese entorno, hay un sector particularmente perjudicado que ha comenzado a hacer oír su voz. Se trata de los suboficiales de las Fuerzas Armadas que reclaman, entre otros temas,  por el aumento anunciado y no concretado en el 2012 y sus pares de la Prefectura y la Gendarmería cuyos problemas no han sido solucionados después de la última movilización efectuada. Cabe aclarar que estos reclamos no tienen ninguna connotación política sino que representan las justas demandas por un trato injustificado y una marginación y afectación de derechos  que se aprovecha de las situaciones reglamentarias que impiden a estos sectores expresarse en forma de agremiación.


Queda para el final una de las ya clásicas frases desgraciadas de la Ministra Nilda Garré, pronunciada con relación al intento de asalto sufrido por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que fue evitado por un custodio. “Nadie tiene la seguridad garantizada” y “cualquiera” puede sufrir un hecho delictivo. Esta suerte de democratización de la inseguridad ni siquiera es cierta porque los ciudadanos que no somos funcionarios no tenemos custodios que nos defiendan pero abunda en el hábito de los funcionarios que se transforman en comentaristas de los problemas  de su área de responsabilidad para los que deberían enunciar y poner en ejecución planes y soluciones.


Dado el cúmulo de conflictos en curso,  maduros y en ciernes de maduración, coincidimos con la visión de que si el gobierno no encara un cambio serio y profundo de políticas  y de actitud, la vida cotidiana será cada día más dura hasta que las urnas se lleven a este modelo de atraso y decadencia. Nuestra misión es cuidar la legalidad de los procedimientos y construir alternativas para el día después.

Un abrazo para todos.


Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana


Twitter   @NevesJuanCarlos