Este artìculo pasa a constituirse en algo a que los políticos habitualmente nos tienen acostumbrados "distraernos con supuestos y enredados enfrentamientos" . En este caso quién aportó sobradamente a la decadencia del país, se sobresalta ante protagonismo de la encargada de lo que mismo elaboró para su entrega final. ¿Alguna vez dejarán de tomarnos por idiotas? Quién es ladrón de gallinas o quién de tropas de ganado lleva un mismo nombre "LADRONES". Los "camanduleros estos", y esta probado, son fieles sirvientes al NUEVO ORDEN MUNDIAL y no trabajan por los pobres. ROBAN PARA LA CORONA.
Cavallo: "... Y hablan de precio vil los que vendieron El Calafate a US$ 2 el m2"
Los Kirchner se beneficieron con el precio
subvaluado de los terrenos fiscales en El Calafate. Y no solo ellos,
también varios de sus amigos y colaboradores. ¿Ellos pretenden afirmar
que el Estado Nacional le vendió a precio vil el predio de Palermo a la
Sociedad Rural Argentina? Interesante la explicación de Domingo Cavallo
porque es el marco oportuno para una muy probable medida de no innovar
que perjudicará a Cristina Fernández de Kirchner, quien seguramente
protestará contra el Poder Judicial y las corporaciones, tal como sucede
cada vez que la Presidente se equivoca.
Domingo Cavallo: "Es asombroso que se
considere “precio vil” los US$ 30 millones más los US$ 100 millones que
agregaron los inversores socios de la Sociedad Rural y no se considere
“precio vil” el que pagaron los Kirchner, a razón de menos de US$ 2 el
metro cuadrado, los terrenos que pocos meses después le vendieron a
Cencosur por más de US$ 100 el metro cuadrado."
VALOR AGREGADO
- Desde El Calafate, Cristina envió su regalo a Fenix e IRSA
- Entre tarifazo y saqueos, Cristina expropió y la Rural irá a Tribunales
Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos
jurídicos y constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto
por el que el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio
Ferial vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Yo no me voy a referir a
ese aspecto porque lo han hecho voces mucho más autorizadas que la mía,
con argumentos claros y contundentes.
Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago porque
forma parte de la estrategia que en forma alevosa viene utilizando
este Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria. Y
para el el bienestar futuro de los Argentinos es imprescindible que las
nuevas generaciones no se dejen engañar por este relato.
La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991
por US$ 30 millones, fue no sólo legítima, sino altamente beneficiosa
para los intereses generales de nuestro País. La sociedad Rural
había ocupado este predio, por decisiones de sucesivos Gobiernos,
comenzando por el de Domingo Faustino Sarmiento en 1876, durante más de
100 años. Todas las edificaciones realizadas sobre ese predio habían
sido hechas por la Sociedad Rural Argentina que desde 1880 organizó, sin
interrupción alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama mundial y que
fue siempre un símbolo del importante progreso de la Ganadería y de la
Agricultura de Argentina.
En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente
Menem (en el que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde
julio de 1989 y Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde
enero de 1991) lanzara la política de re-capitalización y modernización
del Campo Argentino, simbolizado en la eliminación completa de las
retenciones a las exportaciones agropecuarias. La Sociedad Rural
Argentina ofreció adquirir el predio ferial para posibilitar fuertes
inversiones que producirían una gran jerarquización de los servicios que
tradicionalmente había prestado y seguiría prestando esa institución.
Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba
autorizado a vender el predio en forma directa dado que se trataba de
una venta a quienes lo venían ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de hecho había tenido el destino de predio Ferial desde 1876, encuadraba perfectamente en la política de venta de los inmuebles innecesarios del Estado que se lanzó en 1989
precisamente para permitir que esos inmuebles sirvieran para
emprendimientos privados enderezados al crecimiento y la modernización
del País.
Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia, incluso excediendo las precauciones demandadas por la Ley. Por ejemplo, siendo
que con una tasación del Banco Hipotecario o del Banco de la Ciudad era
suficiente para cumplir con la normativa, se pidieron las 2 tasaciones y
se solicitó también una tasación adicional a un grupo de prestigiosas
empresas inmobiliarias. Todas las tasaciones, que obviamente se
hicieron teniendo en cuenta las restricciones al dominio que afectaban a
esa propiedad, ascendieron a valores del orden de los US$ 30 millones en los que se terminó realizando la operación de venta.
La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio,
sino que debía hacer las inversiones necesarias para cumplir con un
ambicioso plan de ampliación y jerarquización de las instalaciones y el Estado ingresaría, además, una participación en el precio de las entradas a los eventos que se llevaran a cabo en el Predio.
Fue precisamente esta operación la que posibilitó que hoy las
instalaciones tengan la magnificencia y funcionalidad que han podido
admirar millones de visitantes argentinos y del exterior en los últimos
20 años.
En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la operación, el
juez federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto con los de
algunos funcionarios que me acompañaron en el Ministerio, con los
directivos de la Sociedad Rural y con los peritos tasadores de las
instituciones oficiales (Banco Hipotecario y Banco de La Ciudad) que
hicieron las tasaciones en las que se basó la operación. Nos procesaron por el supuesto delito de “peculado”, es decir de sustracción del predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el argumento de que un perito oficial designado por el Juez
y sin que hayan participado peritos de las partes involucradas, sostuvo
que el precio correcto del predio, en el año 1991, debió ser de US$ 132 millones.
La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó en
una supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad
Rural y sus socios inversores luego de la compra del terreno. Esa evaluación se hizo sin tener presente que, además de pagar el precio del terreno, la Sociedad Rural y sus socios invirtieron más de US$ 100 millones adicionales.
Tampoco tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no procedió a descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para determinar el valor presente en 1991
y, si todos estos errores fueran pocos, el cálculo se hizo en base a
información que obviamente era imposible que estuviera disponible en
1991. Es tan absurda la valuación, que se desmiente por la misma
realidad del negocio que manejaron la Sociedad Rural y sus socios
inversores.
Lejos de resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a punto tal que algunos de los inversores terminaron quebrando y no pudieron pagar,
o demoraron mucho en hacerlo, los créditos que habían obtenido para
financiar las inversiones. Este magro resultado económico no debe
sorprender. En todos los países del mundo, predios feriales como el de
Palermo se sostienen con aportes y subsidios de los Estados, mientras
que en este caso, no sólo esos aportes y subsidios no existieron, sino
que los inversores tuvieron que pagar el precio del terreno y una
participación en sus ingresos al Estado.
