jueves, 20 de diciembre de 2012

EN DEFENSA DE JUECES


En defensa de los jueces del caso “Marita Verón”

Por Nicolás Márquez (*)
El delito es una conducta “típica, antijurídica y culpable”. Esta definición básica y de libro elemental, es la que estudia cualquier alumno universitario al cursar derecho penal. Para condenar a un imputado, es necesario entonces que su conducta comprobadamente se encuadre en todos y cada uno de los requisitos y elementos que requiere cada delito en su artículo respectivo.
En un país donde el Estado de derecho es una entelequia, abocarse a analizar sentencias es una tarea fatídica. Los entuertos judiciales, las burocracias administrativas, las  inacabables impugnaciones, los recursos de los recursos, las presiones políticas, las agitaciones mediáticas, las “chicanas” de los abogados de las partes, y además, todas las inacabables reglamentaciones contempladas en los códigos de procedimientos hacen del derecho y de la justicia una actividad imprescindible pero kafkiana (máxime en aldeas de quinto orden como lo es la destartalada Argentina kirchnerista).
Esta breve  introducción viene a comento, con motivo del insólito escándalo sucedido en el multimediático caso “Marita Verón”, en el cual los jueces, en una sentencia compuesta por  600 fojas, decidieron absolver a los 13 imputados.
De inmediato, el propietario de la Provincia de Tucumán, José Alperovich y luego su jefa Cristina Kirchner, se reunieron sucesivamente con la polémica Susana Trimarco (madre de la víctima), ofreciéndoles su “apoyo” para impulsar juicio político a los jueces del Tribunal. ¿Con qué argumentos se decidió tal cosa?, absolutamente con ninguno, porque recién los fundamentos del fallo se dieron con posterioridad (hace exactamente dos horas al momento de escribir esta nota se le entregaron a las partes un CD con 600 fojas) y aún así, habría que estudiar detenidamente todo el expediente (al que se le suman las mencionadas 600 fojas resolutivas) en el cual hay que tomar nota en todos y cada uno de los 13 casos absueltos y a la vez, dar un fundamento jurídico y técnico para sostener cuáles serían “las impurezas” del  fallo que ameritaría enjuiciar a los Magistrados.
Los abogados tucumanos saben y les consta que los jueces de ese tribunal son incorruptibles y que el fallo es jurídicamente impecable, aunque políticamente incorrecto. Pero hete aquí que un fallo sólo puede ser políticamente incorrecto o inconveniente cuando la política invade al poder judicial, caso contrario, lo único que debería importar en una sentencia es si la misma se ajusta o no a derecho, y no si desde el punto de vista del “marketing” es o no vendible a la opinión pública.
Todo indica que el grueso de los imputados eran personajes de turbia o pésima reputación.  Este dato ha contribuido para alimentar la agitación política y mediática, pero es un argumento absolutamente antijurídico: ¿acaso es un fundamento atendible pretender condenar a un imputado no por su vínculo con el delito investigado sino por su mala fama?.
Pero el asunto vino como anillo al dedo para que  Cristina Kirchner pidiera un juicio político en función de una sentencia judicial que no conoce y a la que encima intenta entremezclar con el inacabable melodrama de la “cautelar de Clarín”, pretendiendo así transpolar, confundir y enlodar a todo el Poder Judicial (como si un asunto tuviese relación con el otro) y bramar a los cuatro vientos una “democratización de la justicia”. ¿Pretenderá con esto institucionalizar la praxis kirchnerista consistente en “escrachar” jueces insumisos en los intervalos proselitistas del costoso “Fútbol Para Todos”?.
Como si estas sórdidas piruetas no bastasen para advertir los oscuros propósitos del oficialismo, la viuda Kirchner en diligente gesto de oportunismo político le ordenó a “su” Congreso ipso facto debatir y aprobar  la “Ley de Tratas”, cajoneada y aletargada por el mismísimo bloque kirchnerista desde hacía ya varios meses tras haber obtenido media sanción en el Senado.
Al igual que Cristina y los alcahuetes que le hacen coro, quien suscribe no ha leído las 600  fojas de la resolución dadas a conocer hace minutos. Por ende, no existe argumento alguno para aplaudir o maldecir la sentencia o a quienes la firmaron. El único dato comprobadamente verdadero, es que esos jueces obraron despojándose del servilismo, el arribismo y la dependencia para con el poder central. En efecto, desde el punto de vista humano: ¿qué siente un Juez ante la falta de pruebas al decidir absolver a una persona cuando a la vez sabe que los medios, el Gobernador y la Presidente luego le van a saltar a la yugular?; ¿puede sentenciar con tranquilidad?; ¿no le resultaría más fácil a los jueces ahora atacados condenar a un puñado de “perejiles” y así no sólo salvar su pellejo sino negociar un ascenso?
En una escala de 1 a 10 (donde uno es dependencia absoluta y 10 independencia absoluta) en el ranking mundial de “Independencia Judicial” la desacreditada Argentina kirchnerista apenas araña dos puntos y ocupa hoy el vergonzoso lugar número 116[1] de la tabla junto a Camerún, Nicaragua y Bolivia. ¿Más dependencia judicial quiere el oficialismo todavía para seguir bajando en la escala?
Luego cabe preguntarse: ¿qué autoridad moral y jurídica tienen los “democratizadores de justicia” cuándo ya la han puesto de rodillas y desprestigiado a nivel mundial? De sobra se sabe que Néstor Kirchner como abogado fue un prepotente cobrador de morosos y Cristina Kirchner, a pesar de su auto-elogiada condición de “abogada exitosa”, jamás pudo demostrar la autenticidad de su título universitario. Esta falta de exigencia y pretensiones académicas quizás nos explique por qué ella misma puso tanto empeño en imponer al falsificador de currículum Daniel Reposo como Procurador General de la Nación, cargo que había quedado vacante tras el atropello kirchnerista a numerosos funcionarios judiciales para salvar al VicePresidente Amado Boudou por la bochornosa causa  Ciccone.
¿Este es el perfil de  los pregoneros y encargados de “renovar” y remover al aparato judicial urbi et orbe?, ¿para reemplazarlo con qué juristas? Ya conocemos cuál es el perfil de los actuales jueces kirchneristas, que no son jurisconsultos calificados sino escandalosos arrendatarios de burdeles, obedientes archivadores de causas y filmográficos accionistas de prostíbulos sodomíticos.
En síntesis, al igual que los opugnadores, no conocemos el fallo ni la historia de los jueces tucumanos hoy perseguidos, pero si Alperovich y Cristina los quieren remover, entonces existe la duda razonable de que los mencionados jueces se ajustaron a derecho y obraron como funcionarios probos.